La Asociación Cacereña para la Defensa de los Animales dejará la gestión de la perrera en enero si el ayuntamiento no suscribe un nuevo convenio que permita la contratación de otros dos trabajadores, uno a tiempo completo y otro a media jornada. Cada día recoge más perros abandonados y este año ya va por los 570, un número sin precedentes. Los dos empleados que atienden las instalaciones (uno de ellos a tiempo parcial) y los voluntarios de la protectora lo tienen difícil cada día para limpiar, alimentar, curar o dar tratamiento veterinario a perros y gatos. Además, la protectora todavía no ha cobrado un euro de la ayuda municipal del 2010, por lo que mantiene el recinto a base de donaciones y deudas acumuladas con proveedores y veterinarios. "En diciembre ya no podrán cobrar los trabajadores, nuestros fondos se agotan", afirman.

Esta asociación se encarga de la perrera desde hace una década a cambio de un convenio con el ayuntamiento que se va renovando automáticamente y por el que recibe 50.500 euros al año. La mayor parte se destina al pago de los dos trabajadores y unos 12.000 euros al sustento de los animales. Con este dinero, la protectora les da de comer y mantiene en funcionamiento la perrera, pero además cada animal tiene un tratamiento integral: curas, vacunas, castración o esterilización, y microchip. Para cubrir todos los gastos, la asociación también aporta las cuotas de sus socios (un número reducido) pero sobre todo donaciones de protectoras y particulares de países del extranjero.

Aunque la asignación del ayuntamiento siempre se retrasa, este año ya acumula once meses de demora. De hecho, los empleados han cobrado durante el 2010 gracias a las donaciones. En cualquier caso, la aportación municipal ni siquiera es suficiente para cubrir el volumen de trabajo que ha alcanzado la perrera (siempre tiene entre 75 y 80 perros). "Por eso enviamos en junio un escrito al Instituto Municipal de Bienestar Social (IMAS), en el que denunciábamos el convenio. Nos resulta imposible seguir así y no podremos continuar a partir de enero en estas condiciones. Nos da una pena infinita", explica Juana García, presidenta del colectivo. A falta de un mes, la protectora no ha recibido una respuesta clara "y tendremos que entregar la carta de despido a los empleados el 15 de diciembre para que se haga efectivo en enero. No nos quedan otras opciones", subraya.

AL LIMITE La protectora cacereña recuerda que las perreras de Mérida, Badajoz o Plasencia tienen entre 4 y 6 trabajadores. Además, en el caso de Cáceres, dos voluntarios acuden a diario a las instalaciones para hacer frente a todas las tareas, y algunos otros echan una mano cuando pueden. "Cualquier ayuda es necesaria. En el 2009 recogimos 400 perros y este año ya vamos por los 570", indica la presidenta. Además, la obligación de que todos lleven microchip a partir de diciembre ha contribuido a elevar el número de abandonos.

La protectora lamenta esta situación "después de tantos años dejándonos la piel allí". De hecho, los voluntarios más implicados acogen en sus propias casas a los perros que no tienen cabida, utilizan sus coches para los traslados y ponen su tiempo y su dinero. "Queremos que esto funcione. Somos conscientes de la situación del ayuntamiento, incluso hemos propuesto alternativas para que no tenga que construir una nueva perrera, pero necesitamos un compromiso por escrito de que habrá otro convenio, porque ya no podemos continuar", subraya la presidenta.