El conflicto de la perrera se solucionará, por fin, al menos durante seis meses. El nuevo convenio que prepara el ayuntamiento se oficializará esta misma semana y la Asociación Cacereña para la Defensa de los Animales no tendrá que hacer efectivo el despido de sus dos trabajadores a partir del 1 de enero, fecha límite que se había dado el colectivo para dejar la gestión de la perrera, después de diez años, ante la falta de recursos municipales. La concejala responsable del área, Marcelina Elviro, confirmó ayer a este diario que el nuevo convenio ya tiene informe jurídico y solo precisa el económico, también a punto, para que la alcaldesa lo firme y sea efectivo.

En junio pasado, la protectora remitió un escrito al Instituto Municipal de Bienestar Social solicitando un nuevo convenio, ya que el actual, con una asignación de 50.500 euros anuales, no es suficiente para pagar la nómina de los dos trabajadores ni mantener 500 perros al año, incluido su tratamiento veterinario, castración, microchips..., todo ello pese al trabajo diario de las voluntarias. El colectivo necesita un aumento que permita contratar a dos personas más (una a media jornada). Por otra parte, tampoco ha recibido un euro de la aportación municipal del 2010 y lleva meses financiando todos estos gastos con las cuotas de sus socios y donativos de otras protectoras europeas.

ACUERDO MAS DURADERO Pese a ello, el nuevo convenio provisional que ultima el ayuntamiento convence a ambas partes y les permitirá tomar aire. Tendrá validez de enero a junio y asignará 38.000 euros a la perrera en dicho periodo, dinero suficiente para hacer efectivo el aumento de la plantilla. "Mientras tanto, en estos seis meses nos reuniremos para elaborar un convenio más estable de mayor vigencia", explicó ayer la concejala. En cuanto al abono de la asignación 2010, "la protectora conoce la situación que hemos heredado y que estamos intentado remediar. Saben que les pagaremos en el mismo momentos en que podamos, la alcaldesa tiene dada la orden", agregó.

Respecto a este asunto, Marcelina Elviro lamentó ayer "las circunstancias" en las que su grupo municipal tuvo que hacerse cargo de la perrera en 2007. "El convenio que en su día realizó el PP no estaba legalizado, no tenía informe jurídico ni económico, no se conocía ni contaba en los presupuestos municipales. ¿Cómo justificaban el pago? ¿De dónde salía? no sabemos", subrayó la concejala, convencida de que "así, con estas actuaciones, el ayuntamiento ha acumulado los 30 millones de euros de deuda que ahora tenemos que afrontar, y además el PP sigue poniendo trabas a las soluciones".

Por otra parte, la concejala dejó claro que "nunca" se ha negado a que la protectora gestione la perrera, "al contrario, creo que desarrolla muy bien su trabajo". En este sentido, y aunque le consta que "la asociación cumple con todos los requisitos sanitarios", Elviro recordó que las instalaciones son ilegales y como responsable institucional ha iniciado la búsqueda de una parcela para construir una nueva perrera adaptada a todas las exigencias. "No comprendo cómo la corporación anterior gastó allí 50.000 euros en reformas que no han servido para nada", matizó.