La recogida de residuos y la limpieza viaria es por su importe el segundo contrato de concesión de la gestión de un servicio público de la ciudad. Son 8,2 millones de euros al año, según el proyecto de presupuestos de 2019. Esta cantidad está por encima del 10% de las cuentas municipales. Y no es todo lo que se paga por la basura. También está lo que se abona por la eliminación de residuos en el ecoparque (1,3 millones en el proyecto de presupuestos), aunque este pago queda dentro de otra concesión. Sin planes de urbanismo que aprobar o revisar, el contrato de la basura y la limpieza viaria será junto a los presupuestos anuales y modificaciones puntuales del plan de urbanismo las principales decisiones que tomará la próxima corporación en el pleno del ayuntamiento. Pero antes se tendrá que resolver la zona azul. La convocatoria de un nuevo concurso lleva más de medio año pendiente. La previsión era de un incremento de plazas (de las 800 actuales a 2.000), en base a las planificaciones del plan de movilidad urbana, pero será la próxima corporación la que tenga la última palabra.

La recogida de basura y la limpieza viaria se adjudicó en 2006 a la oferta que presentó Conyser, que ya era la adjudicataria del contrato anterior, por un periodo de quince años que finaliza en junio de 2021, en el ecuador de la próxima legislatura. Si no hay prórrogas, siempre polémicas, la corporación local tendrá que resolver la adjudicación en la primera mitad del 2021. Al anterior concurso se presentaron tres ofertas, además de Conyser también concurrieron la Ute de Urbaser y Aglosan y Sufi. La propuesta de Conyser fue la más valorada en todos los criterios, en los once puntuados, salvo en tres. En 2013 se realizó una modificación del contrato para reducir los costes, el ahorro se cuantificó en algo más de medio millón.

Solo el contrato de abastecimiento y depuración del agua está por su importe por encima del de la basura. El proceso de su adjudicación se decidió en la segunda mitad del mandato de Camen Heras. Fue un procedimiento que coincidió con los cambios normativos que favorecían la presentación de recursos administrativos, que entonces, al no haberse constituido aún la Comisión Jurídica de Extremadura, tenía que resolver el propio ayuntamiento. La decisión sobre la adjudicación se dilató hasta final de la legislatura, aunque no finalizó. Acabó en los juzgados y Canal de Isabel II sustituyó a Acciona.