El juicio en el que se acusa a Santiago Cámara de acabar con la vida de su mujer en Arroyo de la Luz en agosto del 2017 está pendiente del veredicto del jurado, que será el encargado de decidir si el acusado la mató a conciencia o fue, como él ha declarado, en defensa propia. En la tercera sesión de la vista, que se celebró ayer, les tocó el turno a las psicólogas del Instituto de Medicina Legal que atendieron al acusado y a las dos hijas menores del matrimonio tras los hechos. En su declaración afirmaron que, tras haber escuchado a todas las partes, no observan indicios de violencia de género en el entorno familiar.

Aseguran que los problemas comenzaron cuando Santiago Cámara descubrió que faltaban más de 100.000 euros de las cuentas comunes. Es más, señalaron que las secuelas de las menores deberían haberse tratado en una unidad del trauma y no como víctimas de violencia de género. Las niñas viven desde el momento de los hechos con los abuelos maternos y no tienen relación con su padre, que tiene una orden de alejamiento con respecto a ellas. Pero las psicólogas aseguran que en ningún momento se les ha informado de que existe la posibilidad de que su madre atacara primero a su padre. De haber sido así, añaden, el sentimiento hacia él sería diferente. Las dos menores han experimentado sentimiento de culpa por no haber podido evitar la muerte de su madre.

Desde que ocurrieron los hechos hasta hoy las niñas son tratadas por una psicóloga del Instituto de la Mujer de Extremadura y por otra de la Mancomunidad Tajo-Salor. A ellas, según declararon ambas ayer, ambas les han contado que no existía una buena relación en el matrimonio. «Ellas tienen la figura de un padre ausente y egoísta, que prima sus planes personales por encima del entorno familiar», señaló una de las especialistas. El magistrado presidente de la sala, Valentín Pérez Aparicio, se dirigió directamente a una de estas psicólogas. Quería saber si las menores tendrían una visión distinta sobre su padre si se les hubieran dicho que su madre inició la agresión: «Su modo de interpretación sería distinto, no tendrían rechazo o rabia», afirmó.

Fiscalía solicita tres años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y las acusaciones particulares doce años y medio. La defensa pide la libre absolución porque lo hizo en legítima defensa y animado por el «miedo insuperable» a que podía morir.