El equipo de gobierno de la diputación, que preside la socialista Rosario Cordero, rechazó ayer la creación de una comisión informativa que investigue los contratos para obras en carreteras que se llevaron a cabo en el periodo 2005 al 2007, cuando la institución estaba dirigida por el también socialista Juan Andrés Tovar. La constitución de este órgano se debatió ayer en el pleno de la administración provincial a petición de los dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos (C's).

Los populares denuncian que estas adjudicaciones, por valor de 1,7 millones de euros, se llevaron a cabo "a dedo" y carecían de expedientes administrativos, reservas de crédito ni fiscalización. Critican que, para la concesión de dichas actuaciones, tampoco se llevó a cabo un concurso público. "Los cacereños merecen saber si la adjudicación de esas obras se hizo bien o mal y si perjudicó o no a la diputación. Son unos hechos que huelen muy mal", dijo el portavoz del PP, Alfredo Aguilera. Aunque aclaró que no pretenden que se funden sospechas sobre ningún político, "sino que se depuren responsabilidades". En esto último fue en lo que hizo hincapié el diputado de C's, Víctor Gabriel Peguero.

DEMANDA DE LAS EMPRESAS El PSOE por su parte defiende su postura de no crear esta comisión alegando que los expedientes de estas obras "han pasado por los jueces" y "no" han puesto en duda el procedimiento. Se refiere a que estos hechos salieron a la luz precisamente ante la demanda de las empresas que efectuaron esas obras para reclamar que se les abonase el dinero que se les debía. El juzgado ha dictaminado que la diputación está obligada a pagar; sin embargo, tal y como aseguran los populares, los jueces "no entran a valorar" sobre cómo se hicieron las contrataciones.

Este debate centró ayer la mayor parte del pleno, ya que en el orden del día había otros dos puntos relacionados con él: Uno sobre la interposición de un recurso de reposición contra una modificación presupuestaria que se aprobó en una sesión anterior para abonar parte de esas facturas y otro, un cambio de crédito para pagar a una de las empresas (Inyconex SL), como ordena el juzgado.

En cuanto al recurso, se rechazó con los votos en contra del PSOE (a favor votaron PP y C's). Los socialistas alegan que un informe jurídico elaborado por la jefa de planificación considera que las facturas deben abonarse. Además, según el portavoz del PSOE, Fernando García Nicolás, "no concurren causas de nulidad (del acuerdo) porque no se ha acreditado que las obras se llevaran a cabo sin presupuesto". Y añade que se trataba "de contratos menores", por lo que solo hacía falta "presentar las facturas". La oposición pide que se elabore un informe desde Intervención sobre estos recibos.

DEBEN PAGAR 168.780 EUROS Sí salió adelante la modificación para abonar 168.780 euros a la empresa Inyconex SL, con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la abstención de C's. Aquí, según el portavoz popular, la situación es "más delicada" porque el contrato "se hizo con la empresa Manuel Sánchez y al final tenemos que pagar a Inyconex". "Defender esto en un pleno debe ser difícil", agregó Aguilera.

Por otro lado en el pleno se aprobó (con los votos del PSOE y el PP) una moción de urgencia de apoyo al mantenimiento de las diputaciones (como rechazo al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y Albert Rivera en el que este último exige que se eliminen). C's se abstuvo. Su portavoz, Víctor Gabriel Peguero, reconoció el papel de la institución en la provincia de Cáceres. Dijo que no es partidario de que se quiten los convenios pero sí de que desaparezca su estructura política.