La portavoz socialista municipal, Carmen Heras, aseguró ayer que la Dirección General de Administración Local ha requerido al ayuntamiento para que en el plazo de un mes anule los acuerdos de la declaración de interés público de obras correspondientes al anexo de inversiones unido a los presupuestos generales del consistorio. La portavoz indicó que el equipo de gobierno "hace lo que le da la gana" cuando emplea los fondos económicos que obtiene de la venta de suelo municipal, negó que las inversiones se empleen en obras de interés público y consideró, por tanto, que el gobierno de Saponi vulnera la Ley del Suelo.

En este sentido puso como ejemplo que se han venido financiando gastos de capital para la adquisición de un vehículo de la alcaldía, mobiliarios y enseres o equipos informáticos. Heras explicó que lo que dice la dirección general, a la que se le remite copia de los acuerdos del pleno de presupuestos como es preceptivo, es que la legislación urbanística "esto no lo permite, porque aclara muy bien el destino que se debe dar a los bienes del patrimonio público del suelo y el destino de los ingresos obtenidos de su gestión".

La portavoz recordó, como ha hecho ya en otras ocasiones, que ese dinero debe emplearse en construir viviendas de protección pública o en acciones de interés sociales. Heras dijo que la decisión de la Junta "revalida" el posicionamiento político de su grupo en este sentido. "Es muy grave lo ocurrido", reiteró la portavoz. Tanto Heras como su compañero de filas, Lorenzo de la Calle, aseguraron que esta decisión podría conllevar la nulidad de los presupuestos de los años 2004, 2005 y 2006.

LA RESPUESTA Por su parte, el gobierno local emitió ayer un comunicado en el que asegura que la aprobación del anexo de inversiones del presupuesto del 2006 está respaldada por informes municipales económicos y jurídicos favorables y que, por tanto, "el acto de su aprobación es apegado a la legalidad".

El PP sostiene que la Dirección General de Administración Local "hace caso omiso de dichos informes así como de las numerosas sentencias o doctrinas del Tribunal Supremo". Añade que el gobierno municipal se basa en los informes jurídicos y se cumple escrupulosamente con lo preceptuado en la Lesotex, al establecer y en este caso cumplir que "el interés público, será declarado, bien por disposición normativa previa, bien por decisión de la Junta de Extremadura, o del ayuntamiento pleno".

Los populares aseguran que el documento de la Junta está siendo estudiado por los servicios jurídicos-económicos del ayuntamiento para la interposición del "recurso a que haya lugar".