Los portavoces del PSOE, Andrés Licerán, y de Unidas Podemos, Consuelo López, han firmado este miércoles un acuerdo entre sus dos formaciones con medidas políticas para su desarrollo durante la legislatura. Es la decisión más importante de calado político que se toma en los ocho meses que se lleva del mandato de Luis Salaya. No supone la entrada de Podemos en el gobierno y a partir de ahora habrá que ver el efecto del acuerdo y la viabilidad de ejecución de lo acordado. Por ahora ya tendrá una primera consecuencia: el apoyo de Podemos al presupuesto presentado por el gobierno socialista para 2020, que sumado al voto del concejal no adscrito, Teófilo Amores, supondrá la aprobación de los presupuestos de 2020, unas cuentas que rondarán los 69 millones de euros.

Hasta ahora la política local en el ayuntamiento ha estado marcada por la entrada in extremis de Salaya y el gobierno socialista al frente del ayuntamiento tras la falta de entendimiento entre el PP y Cs, por la salida de Teófilo Amores de Vox y por la ruptura de Ciudadanos con la marcha de Francisco Alcántara y Mar Díaz y la creación de su nuevo partido Cáceres Viva. A las pocas horas de la toma de posesión de Salaya parecía que al final sería Ciudadanos el socio del gobierno socialista. Ocho meses después ese socio es Podemos con Amores como árbitro al ser su voto el que da mayoría absoluta y el que decide entre los dos bloques del ayuntamiento ante la aprobación de las cuentas de 2020. PSOE y Podemos por una lado, con doce votos, y PP, Cs y Cáceres Viva por otro lado y también con doce votos.

Salaya ha explicado esta mañana al iniciar su intervención e informar del acuerdo con Podemos que no ha sido rubricado con su firma porque es un documento político, entre PSOE y Podemos, no de gobierno. “No es un acuerdo que pretenda incendiar la ciudad, es un acuerdo que pretende introducir medidas lógicas”, ha asegurado el alcalde.

El documento firmado entre los dos partidos ya tendrá una primera plasmación en los presupuestos de 2020 con financiación para la revisión del plan de movilidad urbana, para modificar la frecuencia de paso del autobús urbano en la línea 8, que se ha convertido junto a la línea 2 en la más utilizada por los cacereños, y para cofinanciar la instalación de placas solares en los edificios públicos municipales.

El acuerdo contiene 25 medidas. En su mayoría son líneas de actuación. Obliga a un mayor control de los contratos de concesión de los servicios públicos, a que los empleos temporales que se cubran en el ayuntamiento no se utilicen para puestos estructurales, a la creación de la marca ‘Cáceres, Ciudad de los festivales’, a la ampliación del presupuesto del consorcio Cáceres Ciudad Histórica, a un incremento de la partida que se destina a los presupuestos participativos, a la reducción a la mitad de la lista de espera para la ayuda a domicilio, a ir a un modelo de subvenciones competitivas en detrimento de las directas, a la creación de un parque público municipal de alquiler, al desarrollo de la Ribera del Marco o a un compromiso efectivo de no facilitar por acción u omisión la mina de litio en Valdeflores.

El punto primero del acuerdo alude a cómo financiar estas medidas. En el mismo el compromiso es ir a una política fiscal más justa y como primera medida “obtener una recaudación similar al 2016 en el IBI”, lo que supone incrementar en unos dos millones la recaudación por este impuesto. Esta mañana no se ha concretado cómo se llegará a esa recaudación y qué subida se aplicará en el IBI, un incremento que no podría entrar en vigor hasta el ejercicio de 2021. También como medida se incluye en el acuerdo la creación de una mesa de estudio fiscal para analizar las tasas municipales.