De la reunión de ayer entre concejales de los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos (UP) no era lo más importante el contenido, ahora pocas medidas se pueden llevar a la práctica a corto plazo, sino dilucidar si la brecha abierta hace una semana por Podemos con su crítica al gobierno local por falta de coordinación se ha cerrado o si sigue el hueco. El pacto nunca ha corrido peligro, solo han pasado cinco meses, pero la semana pasada salieron grietas.

El gobierno socialista admitió ayer fallos en la comunicación, condicionado por la crisis sanitaria y económica que ha presidido la toma de decisiones desde marzo, mientras que Podemos reconoció que el gobierno se ha visto desbordado por una situación imprevista, pero hará su evaluación a final de año, cuando decida si el acuerdo sigue o no en base al cumplimiento de las medidas. Por ahora se ha conseguido uno de los propósitos de la reunión de la mesa de seguimiento del pacto, «empezar a trabajar -en el mismo- y parece ser que sí», apuntó la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Consuelo López, tras la reunión, que finalizó pasada las nueve de la noche.

Lo que se estaba pidiendo por Podemos era mayor comunicación por parte del gobierno de las decisiones que se iban adoptando. Ambos grupos están unidos desde enero con un pacto, que no da mayoría al gobierno local socialista de Luis Salaya, pero sí le permite sumar los tres concejales de UP a los nueve que tiene el PSOE, con lo que son doce, a solo un voto de la mayoría absoluta en una corporación de 25. Una de las principales consecuencias del pacto ha sido el apoyo de Unidas Podemos al presupuesto presentado por Salaya para 2020.

PRIMERA MESA / En el encuentro de ayer se decidió desarrollar cuatro de los puntos del acuerdo. Se empezará por la movilidad urbana y antes de quince días se reunirá una mesa con participación no solo de los concejales sino también de expertos, según precisó el portavoz del gobierno, Andrés Licerán, que apuntó que de las medidas de restricción y cortes en el tráfico que se han adoptado durante la desescalada se pueden sacar consecuencias para aplicarlas de cara al futuro. López reiteró ayer que el plan de movilidad de la desescalada ha sido solo «un parche» y se ha desaprovechado una oportunidad.

Licerán comentó que se pueden extraer consecuencias de las restricciones en Gómez Becerra, en el eje San Antón-Parras o en la modificación del aparcamiento en la avenida de la Montaña. López defendió que es el momento adecuado para empezar a abordar cambios en la movilidad urbana ante las medidas de distanciamiento y seguridad que habrá que seguir tomando debido al posible rebrote del virus.

Otra de las mesas que se convocará en próximas fechas será la de fiscalidad. No hay nada cerrado, uno de los acuerdos del pacto es que se obtenga del IBI una recaudación similar a la de 2016, a la etapa anterior a las dos rebajas introducidas en el tipo impositivo del impuesto. Licerán apostilló ayer tras la reunión que esta mesa de fiscalidad se tendrá que reunir teniendo en cuenta que ni la situación del ayuntamiento ni la de la ciudadanía es ahora la misma que había en enero, cuando se firmó el pacto.

La tercera mesa será la de servicios públicos. López recordó que con la crisis del coronavirus se ha reforzado el teletrabajo, por lo que se tendrá que afrontar cómo se reestructura el servicio que se ofrece al ciudadano desde la administración municipal, analizar «dónde hace falta más personal y dónde sobra».

En esta mesa también se abordarán los contratos de concesión con las empresas que gestionan servicios municipales. Unidas Podemos es favorable a que vuelvan a ser de gestión pública aquellos servicios cuyas concesiones van terminando y que puedan ser asumidos directamente por el ayuntamiento. Licerán apuntó ayer el caso del servicio de ayuda a domicilio, se analizará si es viable que la gestión del mismo sea pública.

El cuarto punto en el que ayer se alcanzó un acuerdo para su desarrollo es la puesta en marcha de un pacto local por el empleo para cuya elaboración se contaría con los agentes sociales de la ciudad. Hace diez años se aprobó por el ayuntamiento un pacto local, que ahora se tendría que retomar y ajustarlo a las nuevas situaciones creadas por el coronavirus.

El pacto incluye medidas en materia fiscal, de movilidad urbana, de empleo local, mayor control sobre los contratos de gestión indirecta de servicios públicos, cultura, turismo, vivienda y emergencia climática. Es un pacto para toda la legislatura, aunque el cumplimiento de los objetivos se tiene que revisar anualmente para decidir si se continúa con el acuerdo. Tras la reunión Licerán aseguró que hay «buena sintonía» entre los dos partidos y López afirmó que la relación «es buena», pero será a final de año cuando se decida si sigue.

LOS PUNTOS DE FRICCIÓN ANTES DE LA REUNIÓN

Movilidad urbana. Podemos consideró hace una semana que se estaba incumpliendo el punto del acuerdo referido a las medidas de movilidad y que no se había sido más ambicioso en el plan de desescalada.

Ayuda social. Desde Podemos se afeó hace una semana al gobierno que no se hubiesen reconocido las aportaciones que había hecho su grupo a la modificación de la ordenanza de ayuda social.

Coordinación. De la queja de hace una semana de Unidas Podemos destacaba la afirmación de que se estaban produciendo «fallos de coordinación que podían afectar a la confianza» que llevó a la firma del pacto.

ANÁLISIS

Una corporación que está dividida en dos bloques

La figura del concejal no adscrito Teófilo Amores es la clave. No hay más. Mientras que el gobierno local sepa ganarse su confianza y Amores mantenga su posición de no obstruir la gestión del gobierno, Salaya se puede garantizar el voto número 13, el que da la mayoría absoluta. No es que Amores vote siempre con el gobierno, pero en lo importante sí lo está haciendo. Eso deja al resto de la oposición, salvo a Podemos con su acuerdo de legislatura, en un segundo bloque, que suma doce concejales, los del PP, Ciudadanos y los no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz (Cáceres Viva). No votan siempre lo mismo, pero en lo fundamental, como en los presupuestos, sí.