El grupo municipal socialista denunció ayer un presunto delito de prevaricación en la decisión del alcalde, José María Saponi, de prorrogar el contrato con la empresa Conyser para la recogida de residuos y limpieza viaria. Saponi dictó el martes una resolución en la que por razones de salud pública y para evitar un peligro de falta de higiene encomienda a la empresa que preste el servicio hasta que se resuelva el nuevo concurso que se convocará. El PSOE insistió en que el contrato es improrrogable y que debe ser el ayuntamiento el que asuma directamente la prestación del servicio hasta que se renueve la actual concesión, que finalizó el 31 de diciembre.

Esta divergencia se trasladará hoy al pleno convocado por el alcalde para que, motivado por esa urgencia, se apruebe la propuesta de pliego de condiciones que regirá el nuevo concurso y para que la corporación conozca la resolución, que el portavoz socialista en la comisión de Economía, Lorenzo de la Calle, adelantó ayer que el PSOE no la respaldará porque se haría participe a la corporación de una decisión en la que el grupo socialista ve una presunta prevaricación.

De la Calle, junto a la portavoz, Carmen Heras, y al concejal José Andrés Mendo, explicaron ayer los motivos por los que el grupo socialista estima que no se puede prorrogar la relación con Conyser, y se apoyaron en el informe de los servicios jurídicos municipales, en el que se apunta que el contrato finalizó el pasado día 31 y que no es posible su ampliación al no cumplirse las condiciones recogidas en el pliego que sirvió de base para contratar en el año 1991 a Conyser.

El artículo 5 del pliego administrativo fija que el plazo de 15 años por el que se adjudicó el servicio a Conyser el 1 de enero de 1991 es improrrogable, salvo excepciones que no se dan, dado que el nuevo concurso ni siquiera se ha convocado, y la salvedad que se fija en el pliego es para los casos de ausencia de licitadores en el nuevo proceso de adjudicación de la gestión por un periodo de otros quince años.

Los ediles socialistas argumentaron su consideración de que se da un presunto delito de prevaricación en que el alcalde conoce el informe de los servicios jurídicos municipales, que es del pasado 30 de diciembre, y que está tomando una decisión a sabiendas de que no es correcta, ya que el informe concluye que el contrato no se puede prorrogar.

De la Calle aseguró que el gobierno no puede hablar ahora de emergencia "cuando desde hace quince años sabía cuando se terminaba el contrato, es inoperancia", mientras que Heras añadió que "da la sensación de que a toda costa se quiere que sea otra vez la misma empresa" la que se quede con la gestión de la basura y la limpieza viaria. La opción que defiende el grupo socialista es que el ayuntamiento asuma la prestación del servicio.

El alcalde, José María Saponi, respondió ayer al grupo socialista. Negó la prevaricación, y justificó el retraso en la convocatoria del nuevo concurso por las modificaciones que se han tenido que ir introduciendo en la propuesta de pliego. Saponi apuntó que "no me produce inquietud" las afirmaciones del grupo socialista, y señaló que la legislación de contratos de las administraciones permite ir a una prórroga por motivos de urgencia cuando "es necesario prestar un servicio" por razón de salud pública.

VELA El concejal independiente, Felipe Vela, consideró ayer que es "una temeridad" llevar la propuesta de prórroga al pleno cuando hay distintos informes de los técnicos municipales que son contradictorios, por lo que estimó que habría que esperar hasta que haya un informe único y no opiniones contradictorias.