La marihuana decomisada siempre queda a disposición de la autoridad judicial, que decide su destino. Normalmente se recoge una muestra del total incautado para analizarla en los laboratorios de la Delegación del Gobierno (es la prueba del posterior juicio), que se acompaña de otra para el contranálisis, y una más por si fuera necesaria.
El resto se destruye mediante su quema en hornos. La cadena de custodia, desde que la droga sale de los almacenes (acondicionados a tal efecto en los cuarteles), hasta que acaba en el fuego, garantiza que no haya incidencias en su traslado. El juez aprueba y supervisa todo este proceso.
