¿Qué pasará con el Residencial Universidad?

La asociación de propietarios de la Umbría y la Solana de la Montaña ha solicitado que se ejecute la resolución judicial por la que se anula la orden de la Junta de Extremadura que, en el año 2000, posibilitó el desarrollo de este residencial de 549 viviendas. Y en su solicitud de ejecución argumentan que si la orden es nula lo es todo lo que se hizo en base a ella, o lo que es lo mismo, las 549 casas construidas, por lo que procedería su demolición.

Ante esta consideración, Quintana quiso tranquilizar a los propietarios de las viviendas con argumentos tales como que este residencial tiene las dotaciones mínimas que exige la legislación del Suelo, que reúne las condiciones para que se pueda considerar suelo urbano consolidado y, además, que todos los informes técnicos y jurídicos son favorables. En definitiva, se mostró convencido de que "el juez verá que está en situación legal", opinión que comparte la alcaldesa.

Visión jurídica

Es la apreciación política, pero ¿cuál es la jurídica? Expertos en materia judicial urbanística, como el letrado cacereño Jaime Rojas, no lo tienen tan claro como el consejero y la alcaldesa. "La situación no es tan fácil ni sencilla", subraya, para a continuación exponer los que, a su juicio, constituyen los problemas jurídicos en este asunto.

Rojas señala, en primer lugar, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo que establece en su sentencia, posteriormente ratificada por el Supremo, "es la nulidad de la orden de la Junta que hizo posible este residencial cacereño, lo que no necesariamente tiene que implicar la demolición de las viviendas, aunque sí es esta una de las alternativas en la orden de ejecución del fallo". Y precisamente esta alternativa, añade el letrado, es la que ha pedido la asociación de propietarios de la Umbría y la Solana de la Montaña.

Tras esta aclaración, el letrado cacereño expone que, desde el punto de vista judicial, el problema radica en que en este procedimiento solo está personada la Junta de Extremadura, como demandada, pero no el ayuntamiento, "y la Junta carece de potestades de regularización".

Y todo ello, añade Rojas, con independencia de que ya exista en la ciudad un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística "que ha reclasificado el terreno afectado", pues la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio "implica que la reclasificación del terreno no conlleva por sí misma la legalización de las situaciones irregulares anteriores a dicha reclasificación", que, argumenta Rojas, es competencia del ayuntamiento.

"Es el ayuntamiento el que tiene que llevar a cabo la reclasificación del terreno, pero resulta que este no es parte codemandada en este proceso, ni está vinculado por el fallo, ni se le puede pedir que ejecute la sentencia, pues esto es algo que afecta exclusivamente a la Junta", insiste Rojas.

Significa todo lo expuesto, concluye, que una vez declarada la nulidad de la orden en virtud de la cual se aprueba la reclasificación del terreno en el que se asienta el Residencial Universidad, todo se retrotrae al momento en que se dicta la orden y lo construido pasa a ser, desde el punto de vista de la legislación urbanística, "construcciones clandestinas, al haber desaparecido el título legal en función del cual se construyeron".

Las alternativas

Que el ayuntamiento no está vinculado a este proceso, y que la Junta no tiene potestad para regularizar. Estas son, desde el punto de vista jurídico y según Rojas, las claves de la situación del Residencial Universidad tras la petición de ejecución del fallo.

Pero, en la práctica ¿qué significa? ¿Habrá que demoler las viviendas o se podrán regularizar? Las respuestas a estas preguntas las concreta el letrado cacereño indicando que existen varias alternativas para ejecutar el fallo, pero el problemas es que solo se ha planteado una, "la de la asociación de propietarios de la Montaña, que pide específicamente la demolición de las viviendas". Y esto quiere decir que en estos momentos los vecinos de este residencial están a merced de lo que pueda hacer la Junta, "que es más bien poco" y de la potestad jurisdiccional, que corresponde a los tribunales, y que implica ejecutar lo que se ha solicitado.

Y es que, advierte Rozas, "la ejecución de una sentencia puede realizarse de muchas maneras, puede haber muchas alternativas legales, pero si al TSJEx solo se le pide una forma de ejecución, como ha ocurrido en este caso, no puede adoptar otra forma de ejecución". Pero la realidad es que "existen otras posibilidades", aunque para ellas, señala el letrado cacereño, al TSJEx hay que darle alternativas, "y estas pasan porque quien pueda darlas se persone en el procedimiento" algo que, matiza, es viable incluso después de haberse dictado el fallo.

Con todo, parece que de momento el futuro del Residencial Universidad es una incognita.