El gobierno aclaró ayer que en el caso de que se interponga una querella contra la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU) sería junto con el resto de ayuntamientos a los que alude en su informe cuando se refiere a localidades en las que se duda de la potabilidad de sus aguas. Castellano detalló que ya se ha contactado con otros ayuntamientos. Esta querella se interpondría a través de la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos.
