La Plataforma de Apoyo al exalcalde de Carcaboso Alberto Cañedo ha recogido 862 firmas por escrito y más de 8.200 firmas en la plataforma de change.org que apoyan la petición de indulto para dicha persona, y que según apunta se ha presentado este martes, día 17, a la "Delegación de Gobierno Civil".

En nota de prensa, la citada plataforma señala que el pasado martes Alberto Cañedo recibió un auto en el que "se le condena por impago de una sentencia abusiva a la que no podía hacer frente".

En concreto, apunta que en la notificación "consta una pena de 255 días de privación de libertad que Alberto considera injusta y excesiva, fruto de una persecución caciquil de los partidos mayoritarios de nuestra región y en la cual se ha utilizado una interpretación de la legalidad para reprimir iniciativas sociales como la de nuestra localidad".

La plataforma añade que Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso por la formación regionalista PREX-CREX, "ha sido perseguido políticamente por querer llevar a su ayuntamiento una forma de gobierno innovadora y participativa, basada en la agroecología y el bien común, además de garantizar el derecho a la vivienda de sus vecinos".

Según explica el colectivo, "una promotora construyó 6 viviendas en Carcaboso, cuando la promotora fue a la quiebra dichas viviendas no estaban finalizadas y corrían el peligro de quedar en manos del banco. Cañedo tuvo que elegir entre el banco y sus vecinos, en esta situación como alcalde, puso a sus vecinos por delante de los intereses económicos de los bancos".

"Ya que, si no estos vecinos habrían perdido su vivienda y el dinero ya invertido en las mismas, en muchos de los casos, buena parte del precio total de la vivienda", añade la plataforma, que entiende que la sociedad no puede permitir que aquellos que tienen el poder político y económico utilicen la legalidad en su propio beneficio", y destaca que "Alberto es un ejemplo para la sociedad de cómo un alcalde debe defender los intereses de su pueblo hasta última instancia".

Cabe recordar que Cañedo fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.