Un guardia civil fue sancionado por tener su residencia a siete kilómetros de su unidad --residía en Malpartida de Cáceres estando destinado en Arroyo de la Luz--. El "acoso" por parte de sus mandos fue tan fuerte, según el mismo reconoció a este diario, que incluso llegó a sufrir una depresión que le llevó a tener que dejar el trabajo algo más de un mes, y a pedir finalmente el traslado.

Ocurría hace ahora un año, pero el afectado, Juan Carlos Gómez Alcántara, que hoy tiene 36 años, está casado y es padre de dos niñas de 11 y 8 años, no estaba dispuesto a consentir lo que le parecía "fuera de lugar" y denunció lo sucedido. Su caso llegó hasta la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, que le ha dado la razón. Ha estimado su recurso y "anulamos la sentencia recurrida y las resoluciones dictadas en vía disciplinaria", concluye el fallo judicial.

"He tenido que esperar casi tres años, pero ha merecido la pena, pues la sentencia sobre mi caso marca un hito dentro de lo que es la vida familiar y social de los guardias civiles, a los que se nos reconoce el derecho a decidir dónde vivir, siempre, como es lógico, que no estemos muy lejos de nuestro destino".

Cuando ocurrieron los hechos Juan Carlos Gómez tenía 33 años y estaba destinado en Arroyo. El había decidido fijar su residencia en Malpartida "y parece que a los mandos, más que nada a un teniente que había allí, no les gustó y fuí sancionado".

LOS HECHOS Fue concretamente el 17 de enero del 2003, recoge la sentencia del Supremo, cuando fue sancionado "por el capitán jefe de las sexta compañía de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara con pérdida de un día de haberes como autor de una falta leve, la de ausentarse del lugar de destino o residencia por plazo inferior a 24 horas con infracción de las normas".

Juan Carlos Gómez decidió recurrir, "pues consideré injusta esta sanción, máxime teniendo en cuenta que cuando me la impusieron llevaba ya siete meses viviendo en Malpartida y que el coronel de la Zona de Badajoz daba permiso a los guardias civiles de capitales de provincia a fijar su residencia en un radio de 30 kilómetros". Consideraba por ello que lo que le hacían a él "era un agravio comparativo y algo personal, un caso de acoso".

De hecho, tras ser sancionado, tuvo que ser atendido por los especialistas del gabinete psicológico con que la Guardia Civil cuenta en la Primera Zona, en Madrid, donde le aconsejaron que cambiara de destino. Así lo hizo, tras estar un mes y medio de baja por depresión pidió traslado y desde entonces se encuentra en el puesto de Aliseda, "donde estoy estupendamente y, además, pese a estar a 18 kilómetros y no a 7, resido en Malpartida con permiso del coronel".

Juan Carlos Gómez asegura estar mejor y la sentencia del Supremo le hace estarlo aún más, "pues viene a reconocer lo que yo argumentaba, que vivir fuera del puesto o la unidad no afecta a la prestación del servicio".