El recurso administrativo contra la nueva contrata del autobús urbano interpuesto por el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, David Barcenilla, enfrenta al colectivo vecinal, que cree que se ha "extralimitado" en sus funciones.
Es el caso del presidente de La Cañada, Oscar Jesús García, de La Madrila, Miguel Salazar, y de Hispanoamérica, Raimundo Medina, que consideran que la decisión de llevar este caso a los tribunales debía haberse debatido y aprobado en una asamblea. Los dos primeros exigen la dimisión de Barcenilla.
"Este señor (David Barcenilla) se atribuye competencias para las que no está autorizado. Para pleitear en nombre de la Agrupación debe ser aprobado en una asamblea extraordinaria por todos sus miembros, no bastando con los votos de su junta directiva. Queremos dejar patente que si Barcenilla acude los tribunales a título personal, los gastos que de las acciones jurídicas se originen correrán de su cuenta", dice el presidente de la Cañada.
Añade que no se siente "representado por el presidente de la agrupación vecinal" y denuncia que "en la última asamblea dio muestras de manipular y politiquear" porque le negó presentarse para ocupar el puesto dejado por el fallecido Germán Ferrero en la Agrupación.
La misma opinión comparte el presidente de La Madrila, Miguel Salazar, que acusa a Barcenilla de "enfrentar, dividir y politizar" el colectivo vecinal. El representante de Hispanoamérica, Raimundo Medina, considera que la decisión de interponer un recurso administrativo "debe tomarse en el foro adecuado que es la asamblea" pero añade que "nunca debía haberse llegado a un enfrentamiento público".
