La alcaldesa cacereña, Elena Nevado, manifiesta su satisfacción por el proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local y dice que, de salir adelante, para Cáceres supondría el ahorro de casi tres millones de euros al asumir parte de los servicios que prestan otras administraciones.

Nevado manifiesta que en la ciudad las repercusiones de la reforma local serán "importantísimas", puesto que las competencias en salud y asuntos sociales serán asumidas y financiadas por la comunidad autónoma, lo que "supondrá un alivio para las arcas municipales de casi 3 millones de euros".

Algo que para la situación económica actual por la que atraviesa el ayuntamiento supone "un espaldarazo importante", manifiesta la regidora a preguntas de los periodistas en el transcurso de su visita a las obras del vial de conexión de Cáceres El Viejo.

Nevado señala que la Ley de Bases de Régimen Local era ya "bastante clara", pero que con esta reforma se viene a definir aún más "lo que los municipios tenemos que hacer".

A este respecto la alcaldesa indica que a lo largo de todos estos años los ayuntamientos han ido asumiendo competencias que no les correspondían por ser la administración más cercana a los ciudadanos.

Así, asegura que han visto como otras administraciones "han ido dando la espalda a necesidades de carácter importante de los ciudadanos" que han tenido que cubrir los ayuntamientos, porque no han querido "dejarles de lado".

De esta forma, resalta, la reforma va a obligar a las administraciones que tenían que prestar esos servicios a "prestarlos de manera efectiva", bien a través de un convenio con los ayuntamientos que tiene que venir financiado al 100% o bien a través de la asunción propia de esas competencias.

Con ello, insta Nevado, se garantiza que no haya "una merma" de los servicios a los ciudadanos como por ejemplo en la teleasistencia o la ayuda a domicilio.

Dos ejemplos, dice la alcaldesa, que para Cáceres suponen "un esfuerzo muy importante" dado que antes estaban subvencionados y de "un día para otro" los ayuntamientos se vieron sin la posibilidad de financiar y que tuvieron que asumir con recursos propios.

En estos dos casos si la ley entra en vigor, la obligación será de la comunidad autónoma, con el consiguiente ahorro para las arcas municipales.