El Centro Penitenciario de Cáceres tiene en estos momentos 424 reclusos, la cifra más baja de las últimas décadas, pero el número de funcionarios de prisiones se encuentra en 242, un cómputo que todavía supone 75 vacantes respecto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión cacereña. No obstante, próximamente se incorporarán 37 nuevos profesionales tras el último concurso de traslados, lo que reducirá las vacantes a 50. En su día también deberán incorporarse los aspirantes que superen las últimas ofertas de empleo, con 1.399 plazas para todo el país.

Y aunque el director explica que la RPT está sobredimensionada en la cárcel cacereña, porque en su momento se contabilizó a todo el personal que llegó tras el cierre de Cáceres I, tanto el propio director, José Pedro Rejas, como la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, afirmaron ayer que el déficit de plantilla existe y que debe atajarse. «La falta de recursos es un tema serio y grave», subrayó el director, «pero sí debo asegurar que en todos los módulos hay suficiente personal, otra cosa es el cumplimiento de la ley en materia de vacaciones, permisos...», aclaró. La delegada también se pronunció al respecto: «el Gobierno pretende que de los 24.000 funcionarios de prisiones que hay en el país, a partir del año que viene queden algo menos de 1.000 vacantes hasta completar las plantillas, para garantizar un funcionamiento óptimo de los centros».

La situación de la cárcel se abordó ayer durante el acto central del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, al que acudieron los más altos representantes de los Cuerpos de Seguridad y de las instituciones cacereñas. Algunos funcionarios fueron homenajeados. La delegada reiteró el compromiso del Gobierno «para mejorar las condiciones de los trabajadores y favorecer la reinserción plena de los internos», y recordó los acuerdos con los sindicatos que favorecerán el incremento de las retribuciones del personal y una nueva distribución de complementos. Pero recordó la necesidad de mejorar los servicios sanitarios mediante convenios con el SES.

Yolanda García Seco concretó que «por primera vez en mucho tiempo, las dos prisiones extremeñas acogen a menos de 1.000 internos», atendidos por más de 400 funcionarios. También precisó que las agresiones con lesiones en estos centros han descendido de 12 a 4 en dos años.