La dirección de la residencia de mayores de Garrovillas de Alconétar defiende su labor durante la pandemia. Ayer prestó declaración la responsable de este centro de ancianos en el Juzgado Número 5 de Cáceres, después de que dos familias de dos usuarios fallecidos durante la primera ola de la crisis sanitaria presentaran una querella criminal por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, al no habérsele suministrado a los difuntos la atención médica necesaria ni haberlos trasladado al hospital a pesar de su estado. El juzgado admitió a trámite la denuncia al entender que existen indicios de delito.
El primer paso ha sido llamar a declarar a la dirección del geriátrico, que afirmó que el Servicio Extremeño de Salud (SES) intervino la residencia ante la situación en la que se encontraba por el número de contagios entre los usuarios. Y que los médicos del centro de salud de Navas del Madroño, al que pertenece la localidad de Garrovillas, acudían diariamente a la residencia para atender a los enfermos. La declaración, que se realizó a puerta cerrada, duró poco más de una hora, tiempo en el que la dirección respondió a las preguntas tanto del abogado del SES como de su defensa. Se negó a responder a las del letrado de la acusación particular, Daniel López, que representa a las familias de los dos residentes fallecidos. La investigación judicial continuará con la declaración de los médicos que se encargaron de atender la residencia, que será solicitada por la acusación particular.
Durante la primera ola de la pandemia el centro de mayores de Garrovillas fue uno de los más afectados de la región, donde fallecieron 30 usuarios a causa del coronavirus y se infectaron casi todos los mayores. Ante esta situación, la Fiscalía Provincial de Cáceres abrió diligencias de investigación para esclarecer si podía existir algún tipo de delito en la gestión. Tras visitar las instalaciones y entrevistarse con los responsables concluyó que no existía ni desatención ni desprotección a los mayores. Y archivó la causa.
En cambio estas dos familias entienden que sí hubo negligencias. En el caso de uno de ellos su hija comprobó que comenzó con síntomas a primeros de marzo. Insistió para que fuera valorado por un médico, pero esa visita nunca llegó, según se recoge en la querella. Su estado empeoró y comenzó con fiebre; sin embargo desde la residencia decían a los familiares que era un resfriado y que así estaban muchos de los mayores. A los días fue traslado al hospital por una caída pero, a pesar de sus síntomas, no se le realizó prueba alguna. El 22 de marzo, ante la persistencia de fiebre, se comunica a la familia que se le iba a realizar la prueba del coronavirus. No llegó a los resultados porque falleció a los tres días. Después se conoció que había dado positivo.
Por su parte, el otro querellante denuncia que se le comunicó el 23 de marzo que su madre había dado positivo, que estaba tranquila pero que no comía ni bebía. Falleció a los seis días «sin ponerle ni siquiera un gotero», según indica en la denuncia que ha presentado.
El caso se encuentra aún en fase de instrucción, en la que el juzgado se encarga de investigar los hechos para decidir si existen indicios reales de delito. De ser así, se abriría un juicio oral contra esta residencia de ancianos.
El juzgado también investiga lo ocurrido en la residencia Asistida
El juzgado también investiga lo ocurrido en la residencia AsistidaLos juzgados de Cáceres también investigan lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia en la residencia El Cuartillo de Cáceres, conocida como la Asistida. En este caso han sido casi 40 las familias que interpusieron una querella criminal contra el centro de mayores, al que acusan de un presunto delito de homicidio por imprudencia por las muertes registradas entre marzo y mayo, durante la crisis sanitaria. Cabe recordar que en este geriátrico, el de mayor capacidad de toda la región (tiene 320 plazas), se infectó casi el 80% de los residentes (también se contagiaron trabajadores) y 75 fallecieron. El juzgado ya ha solicitado numerosa documentación tanto a la residencia como al Sepad, como son los certificados de defunción y médicos de los residentes afectados; además de los protocolos que se siguieron para evitar la propagación del virus. El siguiente paso será la toma de declaración de la directora del centro, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre.
