Un sargento de la Guardia Civil acusado de detención ilegal y un ganadero, a quien detuvo el agente, procesado por un delito de atentado a la autoridad y una falta de lesiones, podrían beneficiarse de una rebaja en la condena por el retraso que ha sufrido en los tribunales el proceso. El juicio contra ambos acusados se celebró ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Fue la propia presidenta de esta sección, la magistrada María Félix Tena, la que advirtió a la Fiscalía y a los abogados de que podría concurrir dicha atenuante por "dilación indebida", ya que la causa entró en enero del 2007 en el Juzgado de lo Penal y hasta enero del 2008 no se le dio trámite, cuando los hechos ocurrieron, además, en 2004. Así, tanto la Fiscalía como las acusaciones rebajaron su petición de condena. El juicio quedó visto para sentencia.

Los hechos que se juzgaron ayer ocurrieron en una finca de Alía el 30 de julio del 2004. Una patrulla de la Guardia Civil, formada por el sargento y un agente, acudió a la finca para citar al responsable de la explotación, José B. C., y para que prestara declaración por una investigación abierta por unos daños ocasionados a un camino de uso público que pasa por esta propiedad.

Según la versión de la Fiscalía y del sargento de la Benemérita, José B. C. se resistió a acompañarles empujando al oficial. Fue entonces cuando procedieron a detenerle, teniendo que sujetarle y aprovechando éste el momento para propinar un codazo en las costillas al sargento. Al final lo esposaron y lo metieron en el coche para conducirlo al cuartel. Allí prestó declaración y a las horas quedó en libertad. La versión del ganadero es diferente y acusa al sargento de detenerlo de forma ilegal. La Fiscalía no ha formulado acusación contra el guardia civil.

El ganadero se enfrenta a un año de prisión por el delito de atentado y a una multa de 450 euros por una falta de lesiones. La Fiscalía rebajó la petición de prisión en 6 meses por la atenuante de dilación del proceso. Para el guardia civil, el abogado del ganadero pide 5 años de prisión, que se rebajaría por el mismo motivo, e inhabilitación.