La indignación ha sacudido al sector de la construcción tras conocer por sorpresa la fuerte subida de tasas en el vertedero controlado de residuos, antigua cantera de Balpia, donde las empresas deben llevar obligatoriamente sus escombros. Este servicio municipal fue concesionado en el 2001 a la compañía Santano, que cobra unas tasas por encargarse de la escombrera, y que el pasado martes elevó los precios un 400% según el sector, generando una airada polémica entre los transportistas que llegaban a verter sus residuos. Incluso la federación de la construcción instó ayer a las empresas a pagar la tasa, pero no la subida.
"La empresa concesionaria ha incrementado unilateralmente los precios, cuando los cambios en un servicio municipal deben regularse a través de una ordenanza", indicó ayer Pilar Acosta, presidenta de la Federación de Empresarios de la Construcción de la Provincia de Cáceres (Fecons). "Esto es lamentable, una barbaridad, y estamos preocupados porque hablamos de mucho dinero. De la noche a la mañana han subido las tasas y han obligado a los transportistas a comprar unos bonos, pero les aconsejamos que no paguen la diferencia, y quienes lo hayan hecho veremos el modo de pedir la devolución", dijo la responsable.
EL AUMENTO, EN SUSPENSO Debido a la polémica, y según ha podido saber este diario, ayer se suspendió el aumento de las tasas en el vertedero y los precios volvieron a ser los habituales. Hoy mismo se celebrará una reunión a tres bandas entre el ayuntamiento cacereño, la empresa Santano y Fecons, que intentarán llegar a un consenso para desbloquear la situación.
Según Pilar Acosta, los problemas se iniciaron hace dos meses cuando Santano comenzó a negarse a aceptar hierros, plásticos y vertidos diferentes a la tierra y los escombros. Entonces se celebró un primer encuentro entre ayuntamiento, Fecons y Santano, en el que esta empresa pidió la revisión de la concesión, porque, según Acosta, "parece que no le salen los números". Por entonces todos aceptaron la necesidad de un incremento de precios "para cubrir el IPC y quizás algo más, pero nunca un 800% como pedía la empresa concesionaria, ni tampoco el 400% que ha subido finalmente", señala la presidenta. De hecho, el pasado martes también comenzaron a cobrarse dos tarifas diferentes para tierra y para el resto de los materiales de deshecho.
A su juicio, este aumento "no está ni siquiera permitido, es como si el billete de autobús sube de pronto el doble porque lo decide la empresa". Acosta, que el martes intentó frenar la situación a través del ayuntamiento, aunque no consiguió realizar gestiones, lamentó que "al final los más perjudicados sean siempre los pequeños transportistas".
EL PERIODICO intentó contactar ayer con el ayuntamiento, que anunció la reunión de hoy, y con la empresa Santano, cuyo responsable estaba de viaje.
