El concejal de Obras del Ayuntamiento de Cáceres, Joaquín Rumbo, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Aldea Moret, Guadalupe Iglesias, acudieron ayer al juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal para responder de un presunto delito de coacciones por la clausura del bar del colectivo vecinal de Santa Bárbara, hechos que se remontan a octubre del 2002.
El ministerio fiscal solicitó para el edil el pago de una multa de 5.475 euros por un presunto delito de coacciones. Y por su parte, la acusación particular, que representa al denunciante, Pascual Pardo, (que era arrendatario del establecimiento), solicita la inhabilitación para el desempeño de cargo público durante siete años por un presunto delito de prevaricación.
Para la presidenta de la asociación de vecinos, Guadalupe Iglesias, el fiscal ha solicitado el pago de 5.475 euros y la acusación particular ha pedido 10.950 euros. Además, la acusación solicita igualmente que Rumbo e Iglesias paguen una indemnización solidaria de 50.164 euros.
La asociación tenía con Pardo un contrato para la gestión del bar de la sede. Hubo falta de acuerdo entre ambos y el colectivo vecinal acudió al ayuntamiento porque, al parecer, el adjudicatario no pagaba la luz. Rumbo, que era entonces concejal de Participación Ciudadana, se dirigió a Iberdrola, dio de baja al ayuntamiento y propició el cambio de titularidad a favor del colectivo vecinal, como ocurre con otras sedes vecinales. Posteriormente se procedió al desalojo.
Joaquín Rumbo dijo ayer que no está preocupado por el caso, "porque sé que mi proceder ha sido correcto. No he hecho absolutamente nada ilegal. Lo que ha ocurrido en Aldea Moret es el cumplimiento de una resolución administrativa por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento por la que se produjo el desalojo, y por lo tanto yo no tengo nada que ver".
TRANQUILIDAD Añadió que el ayuntamiento "tiene 700 funcionarios, se han fijado esta vez en mí, y yo estoy aquí dando la cara por mí, por el ayuntamiento principalmente, pero no me preocupa especialmente estar en un juicio porque no he hecho nada, estoy muy tranquilo".
El edil dijo: "Mi actuación en Aldea Moret siempre ha sido en función de mi cargo como concejal y no por una decisión personal, sino por lo que dictaminaron los servicios jurídicos del ayuntamiento". Y matizó: "Yo creo que el tribunal se dará cuenta de que ni yo ni la presidenta de la asociación hemos cometido falta ni delito alguno". Por su parte, Guadalupe Iglesias comentó que no había hecho "nada malo".
