El pleno del ayuntamiento aprobó ayer la cuenta general de 2018 con la liquidación de ese ejercicio. Y lo hizo inmerso en el debate previo a la presentación del presupuesto de 2020, el primero del gobierno socialista dirigido por Luis Salaya, quien ayer anunció su intención de sentarse con Ciudadanos y su portavoz, Francisco Alcántara, para hablar de las cuentas del próximo año. El alcalde marcó distancias con el PP al considerar imposible su oferta para negociar los presupuestos.

La cuenta es la foto fija del estado económico del ayuntamiento a 31 de diciembre. Uno de los indicadores más importantes es el remanente de tesorería para gastos generales, que en 2018 fue positivo por cuarto año consecutivo tras una década de déficit. Este remanente hace las veces de superávit para dotar de crédito nuevos gastos no incluidos en las partidas iniciales de los presupuestos, aunque su destino está acotado por ley. No puede usarse para cualquier inversión.

Al superávit aludió el pasado jueves Alcántara como fuente de financiación de su propuesta de inversiones y actuaciones para negociar el presupuesto, iniciativas que cifró en 14,6 millones. Pero este superávit está prácticamente agotado al haberse destinado ya a dotar de crédito otros gastos, recordó ayer Salaya.

El remanente de tesorería para gastos generales en 2018 fue de 8,9 millones, de los que 7,7 ya se han utilizado en las modificaciones presupuestarias que el pleno de la corporación local aprobó en mayo (5,6 se aplicaron a la reducción de la deuda por operaciones de crédito con entidades financieras y 2 al pago de inversiones financieramente sostenibles, que son las que se pueden afrontar con el superávit).

«El ayuntamiento está muy lejos de poder llegar a esos 14 millones», admitió Salaya, quien no obstante mostró su disposición a hablar con Ciudadanos para que alguno de los proyectos que Alcántara presentó el jueves «salga adelante», incluso aludió ayer a la posibilidad «de endeudarnos un poco más» con la contratación de un crédito a largo plazo que permita financiar inversiones. El ayuntamiento está en uno de sus niveles más bajos de endeudamiento por operaciones financieras. Las tres con entidades de crédito con capital pendiente de amortizar (13,5 millones) son el 20% de los recursos corrientes reconocidos (65,9 millones) en el ejercicio de 2018. Hay margen hasta el 75%, en el que el ayuntamiento ya necesitaría la autorización del Ministerio de Hacienda.

Si con Ciudadanos hay disposición a hablar, con el PP parece que por ahora no. El alcalde marcó distancia con los populares al calificar de «falsa» la oferta de su portavoz, Rafael Mateos, de sentarse a negociar con el gobierno los presupuestos si hay una rebaja fiscal. Una reducción de impuestos «es un escenario imposible», afirmó Salaya, quien añadió que la capacidad de gasto del ayuntamiento se ha reducido «entre ocho y diez millones» con respecto a hace tres años motivado por decisiones como el recorte de ingresos por las rebajas en el IBI aprobadas en el anterior mandato. Además el ayuntamiento podría quedarse en 2020 sin los 2,2 millones del exceso de canon que Canal de Isabel II ha aportado en los últimos ejercicios al haberse cumplido las cuatro anualidades en las que la empresa se comprometió a abonar esta cantidad.

Mateos criticó ayer las afirmaciones de Salaya del pasado lunes en las que aseguraba que se habían encontrado un ayuntamiento exhausto y con un presupuesto agotado. «Se falta a la verdad por desconocimiento de la situación económica» del ayuntamiento, aseguró el portavoz del PP, quien recordó como el último ejercicio presupuestario, el de 2018, se cerró con un remanente de tesorería positivo en 9 millones y un nivel de endeudamiento inferior al 30%, «nada que ver con lo que se encontró el PP en 2011» cuando Elena Nevado accedió al gobierno.