Es el mundo al revés. Hasta ahora es el Estado el que facilita financiación a los ayuntamientos. Pero desde ayer también son las entidades locales las que pueden hacer un préstamo a la administración central. El Ayuntamiento de Cáceres podría prestar hasta 4 millones de euros al Estado si se acoge al acuerdo que este martes han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero. En el gobierno local aún no hay una decisión, «primero hay que saber las condiciones y luego estudiarlas», se detalló desde el gabinete de prensa del ejecutivo municipal cacereño.
El acuerdo, según el contenido que del mismo se difundió por la Femp el pasado lunes, establece en su punto primero que los ayuntamiento podrán con carácter voluntario poner a disposición del Estado su remanente líquido de tesorería para gastos generales. Para tomar la decisión hay de plazo hasta el 15 de septiembre.
El Ayuntamiento de Cáceres cerró el ejercicio de 2019 con un remanente de 6,2 millones, pero parte del mismo ya está comprometido. Por una parte están los 105.437 euros con los que atender las obligaciones pendientes de pago que carecían de aplicación presupuestaria. Y por otra están los casi dos millones de euros con los que se dota de crédito a las tres modificaciones del presupuesto de 2020 que aprobó el pleno de la corporación local para dar más fondos al gasto social (968.755 euros), sufragar el programa de subvenciones a pymes y autónomos (1.000.000) y un gasto menor (25.894) en una inversión que es financieramente sostenible, que son las que se pueden afrontar con cargo al remanente.
Al ayuntamiento le quedarían de ese remanente 4,2 millones de euros (a esta cantidad también habría que descontar las devoluciones de ingresos indebidos acumulados a fecha de 31 de diciembre). Serían unos cuatro millones los que Salaya le podría prestar a Pedro Sánchez. La estimación exacta de la parte del remanente no gastado la hará el servicio de Intervención del ayuntamiento en el caso de que el gobierno local decidiese finalmente prestar este dinero a la administración del Estado.
Hasta ahora el problema al que se han enfrentado las entidades locales es a las limitaciones que tienen para gastar ese remanente, unos condicionantes que están precisamente puestos por el Estado para evitar que el déficit de las entidades locales se dispare. La paradoja es que es ahora el Estado el que quiere utilizar el remanente.
Según el acuerdo difundido por la Femp, si Cáceres decide finalmente prestar este dinero, el Estado se lo devolvería en diez años y a partir del 2022. Al margen de la amortización integral del importe prestado, el compromiso entre el Gobierno y la Femp también establece que los ayuntamientos prestamistas recibirían del Estado un ingreso no financiero en los ejercicios de 2020 y 2021 que como mínimo sería del 35% de los fondos prestados. Si Cáceres aporta 4,2 millones, recibiría entre 2020 y 2021 un ingreso de 1,4 millones que se podría destinar a movilidad sostenible, cuidados y atención social y cultura.
Una de las condiciones más destacadas del acuerdo es que elimina la exigencia del cumplimiento de la regla de gasto en el año 2020. También crea un fondo con cargo a los presupuestos del Estado para el déficit del autobús urbano, que en Cáceres superará este año de largo los 3 millones de euros.