El juzgado de lo penal ha condenado tres personas como autores criminalmente responsables de un delito contra la ordenación del territorio, un año y seis meses de prisión y una multa de doce meses y se decreta la demolición de lo construido. Los acusados promovieron la construcción de un edificio de unos 90 metros cuadrados destinada a uso residencial en una parcela dentro del término municipal Sierra de Fuentes. Dicha construcción no es autorizable, en primer lugar porque la superficie de la parcela es inferior a la que determina la normativa vinculada a explotaciones agrícolas y ganaderas que exigen una superficie de 100 hectáreas y en segundo lugar, porque no está autorizado otro uso distinto del anterior o el de infraestructuras, y servicios de carreteras.

Por ello, el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes denunció en contra del promotor.