El equipo municipal de gobierno interpondrá, como era previsible, un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Penal de Cáceres, por la que se condena a siete años de inhabilitación al concejal de Obras, Joaquín Rumbo, por el desalojo de la sede vecinal de Aldea Moret en noviembre del año 2002. Así lo anunció ayer el alcalde, José María Saponi, que compareció ante la prensa junto al portavoz municipal, Andrés Nevado, al término de la junta local de gobierno.

El caso Rumbo centró la celebración de esa junta, que brindó un respaldo explícito a la gestión del edil y a la que el propio concejal acudió. Saponi comentó que Rumbo "cuenta con mi apoyo personal y como alcalde" y aseguró estar "muy orgulloso" de su labor durante las tres legislaturas que le ha acompañado. El mandatario confesó que Rumbo había sido "una apuesta decidida mía" y apostilló que siempre ha actuado "en defensa de los intereses de la ciudad, sacrificando su propia vida, su tranquilidad y la de su familia".

El alcalde mostró su "más sincero respeto por la jurisdicción de los tribunales" y su "confianza en el juez de instrucción y en el derecho", pero fue claro al aseverar: "Mi concejal ha actuado en defensa del interés de la ciudad ante el requerimiento de Guadalupe Iglesias (presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara)".

INTERES GENERAL En este sentido, José María Saponi apostilló que se estaba vulnerando el derecho a la utilización de una sede vecinal y "el concejal --dijo-- actuó para reponer el orden infringido porque los derechos estaban siendo vulnerados". Reiteró que no ponía en duda a los jueces, pero insistió en que la actuación de Joaquín Rumbo respondió al interés general.

El alcalde también mostró su apoyo a Guadalupe Iglesias: "Reconozco su labor en defensa de la comunidad y de los intereses de la barriada". Y añadió: "Esta era una situación de irregularidad que debía haberse solucionado de manera normal, pero se sintió indefensa y acudió al concejal de distrito para intentar resolver un problema suscitado por un interés particular".

Saponi insistió en que se presentará el recurso "en la esperanza de que se reponga la situación" porque "tenemos gran confianza" de que así será. No obstante, adelantó que si el fallo de la Audiencia fuese contrario al concejal, se utilizarán "todos los medios que el derecho nos permita", incluida la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo.

Saponi terminó diciendo que Joaquín Rumbo "es uno de los mejores concejales que tengo, va a contar con mi apoyo y será muy difícil compensarle por los disgustos y desvelos que se lleva por cumplir con su obligación". Respecto a la situación anímica del concejal, el alcalde apuntó que "nos ha hecho partícipes de su absoluta y envidiable tranquilidad, propia de aquellos que tienen la conciencia tranquila".

Como ya ha informado este diario, Rumbo ha sido condenado a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación. A Guadalupe Iglesias se la condena, por inducción de un delito de coacciones, a la pena de ocho meses de multa y al pago de 1.700 euros.

La condena es fruto de la denuncia interpuesta por Pascual Pardo, arrendatario del bar de la sede vecinal de Aldea Moret, con el que surgieron problemas por el pago de los recibos de la luz. El juez estima que Rumbo actuó "infringiendo las normas mínimas de todo procedimiento" puesto que la orden de deshaucio tendría que haber sido dictada por un juez.

Tal como publicó ayer este diario, a partir de la comunicación de la sentencia de inhabilitación se da un plazo de 10 días (hábiles) a las partes para formalizar el recurso de apelación que se va a presentar.