El alcalde, José María Saponi, comentó ayer, tras manifestar que prefería no pronunciarse, que el concejal José Joaquín Rumbo actuó en la sede vecinal de Santa Bárbara tras una petición de la asociación de vecinos. La fiscalía ha solicitado para Rumbo y para la presidenta del colectivo vecinal de Santa Bárbara una multa de 5.475 euros al estimar que hubo un delito de coacciones al autorizar el concejal que se cortase el suministro de electricidad a la sede, donde estaba el bar regentado por Pascual Pardo, que inició el proceso judicial penal al denunciar este hecho.
El alcalde manifestó que el ayuntamiento tiene delegada en las asociaciones de vecinos las funciones de conservación y mantenimiento de las sedes vecinales que son de propiedad municipal. "Cuando sucede algún tipo de dificultad --añadió Saponi--, la asociación demanda la ayuda del concejal de distrito, y aquí la asociación demandó la ayuda al concejal de distrito y actuó en consecuencia".
Saponi comentó que el asunto está "en manos de un tribunal, y voy a esperar a lo que diga el tribunal, que es mi obligación".
