El ayuntamiento busca una solución para que el centenar de empleados del servicio de autobuses urbanos cobren la nómina del mes de enero. El dinero que el ayuntamiento destinaba al pago de los salarios "se ha ido a la Seguridad Social", confirmó ayer por la tarde la alcaldesa, Carmen Heras, tras preguntas de este periódico. Este dinero tenía que llegar a los trabajadores a través de Busursa. El consistorio se lo daba a la empresa con cargo a la deuda que tiene con ella por la gestión del servicio y con esta aportación se pagaban las nóminas.

Heras no detalló ayer las causas de por qué el dinero acaba en la Seguridad Social. La única explicación es que la Seguridad Social ha ordenado un embargo de los bienes de Busursa por impago de las cuotas de este organismo y esta retención ha afectado a derechos de cobro que tiene la empresa. Uno de estos derechos es la deuda que el ayuntamiento mantiene con la compañía.

La Seguridad Social remitió ayer, tras la consulta realizada por este periódico, a la jornada de hoy para informar de en qué situación está este expediente.

El ayuntamiento pagaba mensualmente una cantidad a la empresa con cargo a la deuda, dinero que se destinaba a abonar los salarios. Desde mayo se ha estado pagando unos 230.000 euros cada mes. La cantidad con cargo a enero es la que no ha llegado a los trabajadores, sino a la Seguridad Social. En febrero no debe repetirse el mismo caso, ya que no se prevé ninguna nueva aportación mensual, dado que desde el día 1 de este mes hay otra empresa al frente del servicio, Subus, que es la que se encargará de pagar a los trabajadores.

Es precisamente a Subus a la que se dirigió ayer la alcaldesa para con la colaboración de esta empresa encontrar una solución que permita que los trabajadores puedan cobrar enero.

El contrato que ligaba a Busursa y al consistorio se firmó en 1999 por un periodo de 15 años. Busursa está dentro del conglomerado de empresas de Gerardo Díaz Ferran, ex presidente de la CEOE, aunque su administrador actual está vinculado a Posibilitum Bussines. Busursa se ha visto afectada por la crisis de las empresas de Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual. El gobierno local llevaba meses buscando una solución, que llegó el pasado 31 de enero cuando Busursa cedió el contrato a Subus, empresa de otro grupo y con liquidez.

Pero queda que el ayuntamiento pague el total de la deuda que aún mantiene con Busursa y que asciende a 8 millones. Por ahora no hay previsto otro pago, el próximo, según el calendario pactado, es por un importe de 3 millones y se abonará cuando el ayuntamiento reciba el canon del agua.