Andrés Guerra concejal de Sierra de Fuentes sale al paso de la información aparecida en la prensa el día 30 de junio del 2007 y afirma rotundamente que el dictamen del consejo consultivo emitido para dicho municipio es de los que desprestigia al propio consejo, porque es un verdadero diálogo para "besugos". Dicho consejo se salta a la "torera", el artículo 128 de la Constitución, además Andrés Guerra señala que el dictamen del consejo consultivo es preceptivo, pero no vinculante, y así lo determina la ley y el reglamento que regulan el funcionamiento de este órgano consultivo.

Por todo ello, pido públicamente que nadie busque, por favor, un protagonismo a costa del desprestigio de un pueblo como Sierra de Fuentes. Pido a los medios de comunicación, a la Administración de Justicia y a la propia fiscalía que hagan un ejercicio de responsabilidad, que bastante daño se le ha hecho ya a Sierra de Fuentes en todos estos años, por unos pocos.

El hablar de conductas delictivas tales como la prevaricación suponen sencillamente un auténtico disparate jurídico, en un expediente administrativo de más de 600 folios con multitud de informes jurídicos favorables e incluso con informes favorables de dos direcciones generales de la misma Junta de Extremadura tales como la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Administración Local, esta última con un descaro inusual a pesar de haber informado previamente sobre la constitución de la sociedad mixta y única y exclusivamente por motivos políticos que no jurídicos a 48 horas de votar la moción de censura la directora general dio un giro de 180 grados y pretendió anularlo todo.

Hasta los más legos en derecho sabemos que para que un acto sea nulo de pleno derecho hay que apartarse de todas las normas administrativas como dice el Consejo Consultivo, lo que viene a demostrar que ni tan siquiera se han leído el expediente para emitir el informe.

En cuanto a la denuncia de la que habla el concejal Julián Polo simplemente decir que sus palabras provocan las carcajadas de todo el pueblo, puesto que como consta expresamente en el certificado que emitió en su día el secretario-interventor de la corporación, este señor votó favorablemente la constitución de dicha Sociedad Mixta.

Con toda humildad digo lo que todo el mundo sabe, esas 80 hectáreas fueron recalificadas por el alcalde que gobernó durante 16 años, y parece ser que la política de aquella corporación era la entrega de esos terrenos sin contraprestación para el ayuntamiento aunque fuese para una empresa pública.

Aunque el verdadero motivo de no prosperar la figura administrativa empresarial fue, por mi negativa a entregarle la presidencia de esa empresa al que fuera alcalde, Julián Polo, y la anulación de la norma urbanística por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del año 2006 que retrotrajo el planeamiento municipal a 1992 quedando esos terrenos con la calificación de no urbanizables.

Esa sentencia hoy firme a la que el equipo de gobierno municipal saliente evita aludir, fue dictada por un vicio de nulidad, toda vez que su aprobación se llevó a cabo por el que en aquel momento era alcalde y su hermano concejal, interesados directos en aquella aprobación, que votaron, incluyendo en aquel paquete normativo, como ya ocurriera en la recalificación del canto Hincado, fincas de su propiedad, que pasaban a ser urbanizables, aun a pesar de estar muy retiradas del casco urbano. La suerte desde entonces vivida está colmada de miserias, encontrándonos con viviendas que en 2005 se construían sobre suelo urbano y actualmente se encuentran fuera de ordenación.

Por último pretender anular todo lo hecho durante mi mandato supondría sencillamente abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial frente a nuestro ayuntamiento debiendo hacer frente a indemnizaciones millonarias, de ahí que como político y vecino de Sierra de Fuentes, apele a la sensatez y la cordura de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al igual que ya se le explicará a la justicia el por qué y por culpa de quién se anularon las normas urbanísticas dejando a nuestro municipio en una inseguridad jurídica y urbanística.