El PP ha dado esta semana un paso para acercarse a Ciudadanos en el ayuntamiento con la presentación de su propuesta de modificaciones puntuales del plan general municipal de urbanismo. Este fue el primer motivo de fricción entre ambas formaciones tras el pacto de investidura firmado en junio. C's presentó en julio una moción en la que pedía que se iniciase un proceso de actualización de los planes general y especial --este último afecta al casco viejo--, que era uno de los acuerdos alcanzados en el pacto de investidura con el fin de agilizar la implantación de actividades empresariales en la ciudad.
No tuvo el voto del PP, que pedía una mayor concreción en la moción antes de iniciar la modificación de un plan en cuya elaboración y consenso se había tardado más de un lustro. Esa concreción, con un documento "de máximos", como comentó el concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco, fue la que el gobierno local (PP) presentó el pasado martes en cumplimiento de la moción que el pleno del ayuntamiento aprobó en julio, ya que la propuesta de C's sí contó en esa sesión con el apoyo del PSOE y Podemos (CáceresTú), estos tres partidos tienen mayoría en el pleno del ayuntamiento.
El gobierno cumple la moción, desarrolla el acuerdo que se incluyó en el pacto de investidura (era uno de los 3 incumplimientos denunciados por el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo) y también recuerda al resto de grupos políticos que ahora les toca a ellos hacer aportaciones. Si hacia Ciudadanos el PP ha dado en estos días un paso adelante, entre esta formación y el PSOE también se da ahora un distanciamiento.
LA JUSTICIA ha dado la razón al gobierno municipal (PP) en el proceso iniciado con la entrega a la fiscalía por el anterior ejecutivo local, también presidido por la actual alcaldesa Elena Nevado, de la documentación y de los informes de cuatro contratos relacionados con la celebración en Cáceres del Festival Urban Screens. El gobierno municipal aportó la documentación en la pasada legislatura al considerar que los cuatro contratos eran actos nulos porque se prescindía del trámite legal establecido.
El proceso judicial que se ha seguido tras la aportación de la documentación en la fiscalía ha dado lugar a la condena más dura que sufre un alcalde de la ciudad en la etapa democrática, en este caso la exalcaldesa socialista Carmen Heras, que fue la antecesora de Elena Nevado.
El juzgado de lo Penal condena, en una sentencia que se ha conocido esta semana, a Heras y a los exconcejales Víctor Santiago Tabares y Francisco Torres por un delito de prevaricación administrativa a la pena de ocho años de inhabilitación para desempeño de empleo o cargo público, una resolución que los tres exconcejales han anunciado, a través de sus abogados, que recurrirán.
El juzgado puntualiza que el objetivo de los cuatro contratos era que se diese "cumplimiento a una obligación económica ya contraída" por parte del ayuntamiento con la empresa que organizó el festival, pero la forma de hacer frente a la deuda asumida por la administración es la que motiva la condena por haberse efectuado el pago con cuatro contratos cuando por la cifra de la cantidad comprometida (81.373 euros) se debió seguir un único proceso de contratación con publicidad que garantizase la presentación de cualquier empresa.
No obstante, en este caso se da la circunstancia de que el contrato para la realización del festival ya estaba asignado con anterioridad a la empresa Avivart a través del consorcio Cáceres 2016, pero la cantidad reservada en el consorcio era insuficiente para su coste, por lo que el resto del pago se hizo por parte del ayuntamiento con un procedimiento cuya tramitación es la que motiva la sentencia del juzgado.
EN NOVIEMBRE de 2011 Nevado acordó incoar el expediente de revisión de los cuatro contratos, que se habían formalizado en la legislatura anterior con Heras de alcaldesa, correspondientes a las facturas que reconocían a Avivart (E24h de Gestión de Eventos Sociales) el pago de 81.373 euros. La documentación, con la petición del ayuntamiento de anular los contratos al entender que se había prescindido del procedimiento legal, se remitió primero al Consejo Consultivo de Extremadura.
Este órgano concluyó que solo procedería la revisión de oficio de uno de los contratos, el de mayor importe, al omitirse "absolutamente el procedimiento establecido en la ley", mientras que de los otros tres aseguraba que no había motivo de anulación siempre que se hubiesen tramitado con la consignación presupuestaria previa, una condición que no se cumplió, según precisa el juzgado, que en su sentencia añade que en los contratos se omitieron "trámites esenciales".
La sentencia daña la gestión del último gobierno del PSOE en la ciudad, aunque Heras precisó ayer en un comunicado de su letrado, su primer pronunciamiento tras conocerse la resolución, que el delito por el que se la condena "no integra, desde ningún punto de vista, un supuesto asimilable con el concepto jurídico o sociológico de corrupción política", además añade que lo que se recoge en la sentencia es "la falta" de tramitación administrativa en el pago de una deuda que se eleva a la categoría de delito, pero "nada más".
