La alcaldesa, Carmen Heras, anunció ayer que el juzgado de instrucción número cuatro ha dado la razón al ayuntamiento en el proceso que mantenía con una parte de la familia Mayoralgo por la propiedad de la torre de los Púlpitos, que es una de las mejor conservadas del recinto amurallado. Según la regidora cacereña, el juzgado considera en su sentencia que la torre es propiedad del ayuntamiento y que la familia Mayoralgo solamente tenía una cesión de uso, informó Europa Press. La alcaldesa aludió a este asunto durante una comparecencia pública para la presentación de un programa de colaboración con La Caixa para fines sociales. La resolución del juzgado se puede recurrir.

El proceso judicial por la propiedad de la torre de los Púlpitos tiene dos fechas: el 6 de octubre del año 1764, cuando el ayuntamiento acordó la cesión del uso de la torre de los Púlpitos a la familia Mayoralgo, y el 28 de febrero del 2004, cuando la comisión municipal de gobierno del ayuntamiento acordó anular el acuerdo de cesión de la torre y recuperar su uso. La familia Mayoralgo fue la propietaria hasta 1992 del inmueble de la plaza de Santa María que lleva su nombre y que ahora es la sede de Caja Extremadura. El acceso que tenían a la torre era desde este edificio.

La familia Mayoralgo, que ha tenido en el historiador y abogado José Miguel de Mayoralgo y Lodo al principal valedor de esta tesis, ha argumentado que de la cesión de uso se derivaron otros derechos de la familia Mayoralgo sobre la torre de los Púlpitos.

Según se especificaba en un informe que se presentó para hacer valer ese argumento, con el paso del tiempo se generó para la familia "un derecho imprescriptible para el disfrute de la torre". Este estudio lo elaboró un catedrático de Historia del Derecho y provocó que el consistorio encargarse otro informe pericial que redactó Francisco Javier Pizarro, profesor de la Universidad de Extremadura.

Una de las condiciones especificadas en la decisión municipal de 1764 era que la cesión de uso de la torre se concedía en gracia y merced con la excepción de que ese derecho volvería al consistorio en caso de guerra. Según comentó ayer Pizarro, en el acuerdo de 1764 se especificaba que la torre revertiría al municipio en los tiempos y los casos de guerra que se le ofrezcan y que esto no se debía interpretar como que solo se devolvería en un caso de conflicto, sino que con el término tiempo se precisaba que esta devolución se produciría en el momento que el ayuntamiento lo considerase necesario.

El profesor de la Uex se refirió a otras razones, y comentó que la cesión que se hizo en el siglo XVIII fue "de un uso como derecho de vista" para los espectáculos que entonces se celebraban en la plaza. "La propiedad de un derecho de vista no implica la propiedad del edificio", indicó.

Pizarro recordó que además la torre es parte del patrimonio de la ciudad y llamó la atención sobre el hecho de que el palacio de los Mayoralgo se vendiese en el año 1992 sin la torre, un inmueble que era por donde se accedía a la atalaya de los Púlpitos.

La explicación de José Miguel de Mayoralgo fue que cuando se vendió el edificio se segregó la torre y el arco para a continuación donar estos bienes a Cáceres y que no se aceptó por el consistorio.

Cuando el gobierno municipal decidió en febrero del 2004 resolver la cesión del uso y recuperar la torre fue con el propósito de ampliar el proyecto para la visita a torres y murallas, como parte de un plan de fomento del turismo. Ya se había abierto Bujaco y se pretendía prolongarlo hasta los Púlpitos. Parte de este proyecto se sigue desarrollando ahora con la próxima apertura de la torre del Horno.