En marzo del año 2012 sufrió un traumatismo accidental en la rodilla derecha a causa de un golpe con un martillo y los retrasos por las listas de espera le tuvieron tres años con dolores «insoportables». Tenía entonces 46 años. Fue analizado por tres traumatólogos del Servicio Extremeño de Salud (SES) pero los dolores no mejoraban, por lo que le prescribieron realizarse una resonancia magnética, pero no se realizó hasta siete meses después de solicitarla. También llegó tarde la rehabilitación, que no se prescribió hasta el mes de junio y no recibió la primera sesión hasta noviembre, es decir, ocho meses después de que tuviera la lesión.

También se retrasó la intervención quirúrgica. A pesar de que inicialmente se pensó que pudiera ser una forma de curación no se le propuso al paciente hasta once meses después de que acudiera a la consulta. En todo ese tiempo el denunciante continuó con grandes dolores, viéndose obligado a andar con muletas y a tratarse con calmantes tan fuertes «que había días que no podía levantarse de la cama». Finalmente dicha operación se llevó a cabo el mes de abril del 2014, más de un año después de que se prescribiera y dos años y un mes de que se hiciera la lesión el paciente.

La intervención no salió bien, sino que la calidad de vida de este cacereño empeoró. No podía desplazarse y necesitaba la ayuda de otra persona para cualquier movimiento. La rehabilitación esta vez también llegó tarde, hasta cuatro meses después de que se realizara la operación. Como los dolores comenzaron a empeorar en 2015 se le diagnosticó una «distrofia simpático refleja». Ante esta situación este cacereño solicitó que se le derivara al Hospital Clínico de Madrid donde, tras realizar las pruebas oportunas, se le informó de que la rodilla era «perfectamente operable». Le intervinieron y su calidad de vida ha mejorado, a pesar de que aún necesita un bastón para desplazarse.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo estima que tanto la rehabilitación que se llevó a cabo antes de la operación en el SES, como la propia intervención y la rehabilitación posterior llegaron tarde. Dichas demoras, añade el juzgado, no han sido aún justificadas por el Servicio Extremeño de Salud. Por esta razón estima que debe indemnizar al paciente con 20.000 euros. La resolución no es firme y se puede recurrir al TSJEx.