El actual alcalde de Sierra de Fuentes, Antonio Luis Díez, y sus dos antecesores en este cargo, Andrés Guerra y Julián Polo, pasarán después del verano por el juzgado. El fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, José Antonio Galán, les implica en hechos que "revisten la naturaleza de un delito de prevaricación urbanística", según se recoge en un escrito que el fiscal remitió al juzgado de instrucción decano, hechos que están vinculados a la constitución de una sociedad mixta entre el ayuntamiento y el grupo empresarial Abreu para desarrollar 120 hectáreas de suelo de titularidad municipal.
El alcalde y los dos exalcaldes se defendieron ayer de las consideraciones que hace el fiscal en el escrito y en las diligencias que aconseja, que son las que llevan al juzgado a llamar a declarar a diez personas implicadas en los hechos que ha investigado la fiscalía a partir de la denuncia formulada por uno de los implicados, el ex alcalde Julian Polo Guerra.
No es la primera vez que el consistorio de Sierra de Fuentes se ve salpicado por irregularidades urbanísticas y por sentencias judiciales que afectan a la planificación de su desarrollo urbano (su última normativa fue anulada por el TSJEx).
El hecho central de este nuevo caso es un acuerdo del pleno de marzo del 2005, por el que se aprobaba la creación de una sociedad de responsabilidad limitada y carácter mixto entre el consistorio y el grupo empresarial. El primero con un 40% y el segundo con un 60%.
Ese acuerdo del pleno se tomó con el voto a favor de los concejales del equipo de gobierno, que entonces eran Andrés Guerra (alcalde), Adrián Guerra, María Felipa Vinagre, Julián Polo y Juan Lucero, que son cinco de los diez imputados en el caso.
El fiscal también implica al empresario Antonio Abreu Tejero y a los funcionarios públicos Iván Caldera, Francisco Serrano y Antonio Muñoz, que informaron, en algunas de sus fases, sobre la creación de la sociedad mixta entre el ayuntamiento y Abreu. La implicación del actual alcalde, Antonio Luis Díez, se debe a que el fiscal considera en su escrito que Abreu y él fueron los dos inductores del presunto delito de prevaricación por ser los que en diciembre del 2004 presentaron una propuesta de convenio al ayuntamiento para la creación de la sociedad mixta.
El fiscal argumenta en sus consideraciones que en el proceso de constitución de la sociedad mixta se produjeron "gravísimas vulneraciones de preceptos básicos", como la falta de la preceptiva autorización de la comunidad autónoma, que es imprescindible que el capital de las sociedades sea íntegramente público y que la suscripción de un convenio urbanístico solo es posible "mediante la subasta pública o el concurso, no siendo admisible la contratación directa".
Los otros dos informes
Además del escrito de la fiscalía hay otros dos informes, uno del Consejo Consultivo de Extremadura (de su contenido informó este diario en junio) y otro de la dirección general de Administración Local de la Junta, que consideran nulo el acuerdo que el pleno adoptó en marzo del 2005.
En la participación del actual alcalde hay otro hecho destacable: el contrato de arrendamiento de servicios de asesoría jurídica que en septiembre del 2005 firmaron entre Abreu y el despacho de abogados en el que trabaja Antonio Luis Díez, un acuerdo por el que el despacho percibiría una cantidad fija de 3.000 euros mensuales, con una cláusula de penalización por incumplimiento del contrato de 1,8 millones. La causa del contrato era el desarrollo del centenar de hectáreas de suelo apto para urbanizar.
Antonio Luis Díez aseguró, en una comparecencia pública que se celebró ayer, que antes de las elecciones renunció al contrato con Abreu, insistiendo en que el fiscal considera que es uno de los inductores cuando su participación no se produce hasta seis meses después del acuerdo adoptado por el pleno en marzo del 2005. Díaz aseguró que su pretensión como alcalde es que el ayuntamiento se haga con el cien por cien de la sociedad.
Por su parte, Guerra afirmó ayer que la decisión de crear la sociedad mixta se tomó en base a los informes técnicos y reiteró que la cesión de los terrenos no se llegó a materializar. Julián Polo explicó ayer que votó a favor en el pleno de marzo del 2005 "por la presión" a la que estaba sometido, recordando que propició la moción de censura que desalojó a Guerra de la alcaldía con el fin de rescindir el convenio y la sociedad con Abreu, con los que, insistió ayer, nunca estuvo de acuerdo.
