En estos doce meses en el ayuntamiento se tendrán que aplicar decisiones o resolver cuestiones que vienen de ejercicios anteriores, algunas, entras las que están varias de las más trascendentes, son:
La sanción a Canal. El ayuntamiento tiene que resolver el expediente sancionador abierto a la empresa que gestiona el agua. Es importante porque el contrato con esta compañía tiene un coste anual que se cuantifica en 12 millones y por los vaivenes que ha tenido el concurso. Según la inspección de servicios del ayuntamiento, son más de diez incumplimientos, algunos graves y en los que la multa en cada uno puede llegar hasta los 36.000 euros. Aunque es difícil que se produzca, en el caso de un desacuerdo total entre ambas partes se podría llegar a la ruptura del contrato.
Pleito con la diputación. Es una de las cuestiones a resolver en este comienzo de año. Lo que se decide es el pago de 810.000 euros, que la diputación, que se ha convertido en el principal acreedor del ayuntamiento junto con La Caixa, reclama al ayuntamiento de una liquidación complementaria del servicio de bomberos. En unos días se sabrá qué acepta la diputación del recurso del ayuntamiento y si este acaba llevando sus demandas a los tribunales. Además el ayuntamiento tampoco está de acuerdo con el incremento de medio millón en lo que paga anualmente.
Afrontar la deuda recurriendo a otra operación de crédito. En los últimos años se han realizado varias operaciones para ir recortando las deudas, tanto de las obligaciones reconocidas como de las pendientes de aplicar al presupuesto (de estas últimas la parte más numerosa es la del pago de los justiprecios por expropiaciones fijados en sentencias judiciales). Para afrontar la deuda con proveedores y de expropiaciones se han concertado operaciones de crédito, de las que aún se adeudan diez millones de dos préstamos, además hay otros diez de otros dos para inversiones. A estos cuatro créditos se sumará este año un quinto a través del Fondo de Impulso Económico de Hacienda para terminar con la deuda de las expropiaciones, quedan los intereses, y la que se tiene con la anterior empresa del autobús (ambas suman unos nueve millones de euros).
Aplicar la ampliación de la zona azul. Entre los meses de marzo y mayo deberá entrar en servicio la nueva zona azul, una vez que se resuelva la adjudicación de la licitación a la que se han presentado seis ofertas. Cuando entre en vigor se pasará de las 16 calles actuales a 59 con zona azul.
A la espera de la sentencia por el concurso de los toros. Hay dos recursos destacados que están pendientes de resolución este año. El primero es el presentado por el grupo municipal del PP contra el acuerdo que en el pleno del ayuntamiento adoptaron el resto de grupos políticos, que tienen mayoría en este órgano, de suprimir la aportación económica al concurso para la gestión de la plaza que se convocó en 2016 y que se acabó suspendiendo. La sentencia servirá de precedente. Decidirá el alcance de decisiones del pleno frente a acuerdos que tome un gobierno en minoría.
Las conclusiones de la comisión de expropiaciones. La proyección urbanística de planes anteriores y las sucesivas sentencias para la fijación de justiprecios de expropiaciones promovidos por los propietarios de los terrenos, algunos los adquirieron una vez que el plan los había reservado para zona verde, han tenido para el ayuntamiento un coste de 54 millones, la mayoría se han tenido que afrontar en los últimos 15 años. Este año se cerrará la comisión que se constituyó en verano para el análisis de todos los expedientes desde 1984 y se sabrá si de sus conclusiones se deriva alguna medida administrativa o reclamación en vía judicial ante la fiscalía.
Abrir el comercio más festivos. La segunda sentencia que debería salir este año es la del recurso promovido por el ayuntamiento contra la revocación de Cáceres como Zona de Gran Afluencia Turística. Lo que está detrás de este pleito con la Junta es que el comercio, con sala de venta superior a 300 metros cuadrados, abra más festivos.
