Cáceres nunca ha mimado su muralla. De hecho, ni siquiera ha cuidado como se merece al más importante monumento que engloba buena parte del patrimonio cacereño y le hace valedor de reconocimientos internacionales. Los mayores atentados se han realizado incluso con licencias municipales: derribo de las puertas de Mérida y Coria, utilización de la torre del Bujaco como cantera de piedra, demolición de una torre junto al ayuntamiento, permiso para tirar tramos, adosar viviendas... Tras siglos de maltrato, y mientras otras ciudades destinan cifras millonarias a la rehabilitación de sus fortalezas, Cáceres nunca ha planificado una actuación integral, ni siquiera se ha redactado un plan director para organizar las intervenciones necesarias.

La muralla vuelve a ser noticia porque los historiadores cacereños Antonio Rodríguez González y Cecilia Martín Pulido acaban de presentar en los XLII Coloquios Históricos de Extremadura un documento inédito de 1837, no descrito ni inventariado anteriormente, que recoge un proyecto del ayuntamiento para hacer reparaciones en los tramos más inseguros. Si la obra se ejecutó, no se sabe, pero constituiría el último proyecto conocido para reformar buena parte de la muralla con pequeñas obras. Aquello estaba motivado por un fin defensivo --la guerra carlista--, ni siquiera por conservacionismo. Casi dos siglos más tarde, el nuevo Consorcio Cáceres Ciudad Histórica asegura que la muralla sí se encuentra entre sus prioridades, aunque está dando sus primeros pasos y aún no se ha detallado el plan de actuaciones.

La parte antigua no sería tal sin la muralla, de 1.174 metros, levantada en el siglo XII sobre la primitiva estructura romana y convertida en una de las construcciones defensivas almohades más sobresalientes. Junto con la ciudadela, tiene los máximos reconocimientos: Patrimonio de la Humanidad, Tercer Conjunto Monumental de Europa y Bien de Interés Cultural. Pero la muralla está deteriorada, amenazada por el paso del tiempo. "No hay ningún tramo, ninguna torre que no precise en algún grado una intervención, muchas de ellas urgentes", dice el informe realizado en 2008 por 25 especialistas encabezados por el arquitecto Miguel Matas, experto en patrimonio. El estudio suma 1.124 situaciones de deterioro.

Este es el análisis más profundo jamás realizado en la muralla. Pero desde su publicación solo se han acometido algunas reformas puntuales atendiendo a cuestiones urgentes o de aprovechamiento turístico, sobre todo la apertura al público del baluarte de los Pozos (se halló un viejo aljibe), o el inicio en breve de una operación de limpieza que permitirá eliminar y desbrozar la vegetación de la muralla y las torres, a través de una subvención de 20.000 euros del Ministerio de Cultura.

En la anterior legislatura, el concejal Víctor Santiago Tabares insistió en repetidas ocasiones sobre la necesidad de que Junta y ayuntamiento se pusieran de acuerdo para crear un plan director e iniciar las actuaciones. "No es que la muralla se vaya a caer, pero puede sufrir incidencias como las ocurridas en otras ciudades por la lluvia. Y la nuestra no es de piedra, sino de barro", avisó en más de una ocasión.

De hecho, la nueva Asociación de Usuarios de la Ciudad Antigua (AUCA), recientemente constituida en Cáceres para contribuir a la búsqueda de propuestas que dinamicen el casco histórico, ha hecho especial hincapié desde el inicio en el mal estado de conservación de la muralla, uno de los pilares en los que se basó la UNESCO para conceder el reconocimiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Angel González, arquitecto y vocal del colectivo, recuerda que las murallas de otras ciudades y municipios son objeto de intervenciones aunque su importancia patrimonial sea menor, y subraya las numerosas patologías que desveló el informe de Miguel Matas. Una de las prioridades, a juicio de la asociación, sería la reducción del fuerte tráfico que discurre por Miralrío y que provoca vibraciones continuas y polución en esa zona de la muralla, para lo cual se hace necesaria la esperada ronda Este.

Además, la asociación considera que el ayuntamiento debe elaborar un registro de las casas adosadas a la muralla, "porque existen casos de apropiación indebida de tramos, donde se han habilitado incluso habitaciones".