Las ciudades españolas no se ponen de acuerdo, aunque la regularización específica para fruterías y floristerías prolifera cada vez más en territorio nacional. Los ayuntamientos de algunos municipios son permisivos, otros restringen esta exhibición y también los hay que, tras plantear una prohibición, la rechazaron después tras escuchar las quejas de los comerciantes.
Todo empezó con un decreto nacional de 1984, que prohibía explícitamente cualquier exhibición de fruta o flores en cualquier vía pública de España. Como muchos de los comercios hacían caso omiso a este precepto, algunos consistorios decidieron tomar cartas en el asunto y establecer una normativa. El pistoletazo de salida lo dio el Ayuntamiento de Fuengirola en el 2011. El municipio malagueño regula específicamente el asunto en su ordenanza de la vía pública y determina lo que se puede hacer y lo que no con unas normas claras y concisas, que establecen la altura, longitud y anchura máxima de la estructura, además de los materiales que se deben emplear en ella o el color.
Cartagena (215.000 habitantes aproximadamente) también dio el paso ‘regularizador’ en 2011, aunque este municipio optó por ordenar a las fruterías que retiraran el género de la vía pública y no por permitírselo. La razón, según señaló entonces el medio local laverdad.es, fueron cuestiones de higiene y también de accesibilidad, ya que esgrimían que los puestos dificultaban el paso a muchos vecinos. El consistorio cartagenero, además, especificó en su ordenanza que se consideraría infracción grave «usar la vía pública como almacén de elementos propios de la actividad», y elevó las multas a quien cometiera esta acción hasta los 1.500 euros.
Avilés, una ciudad asturiana de algo más de 80.000 habitantes, también decidió impulsar una ordenanza que permitiera a floristerías y fruterías mostrar su mercancías en la calle. Lo recogía el diario El Comercio en el 2014 y supuso un cambio en la normativa. Varios negocios de este tipo recibieron una notificación de que se exponían a una multa si no cesaban con esta actividad, lo que acarreó en protestas por parte de sus dueños y trabajadores y desembocó en la permisiva ordenanza.
La lista de los municipios que se han preocupado por este tema es larga. Además de los citados, otros como Castelló o Badajoz también han adaptado sus normativas a expositores de fruterías o floristerías. Y las grandes urbes no se encuentran exentas de esta polémica. La última surgió en la ciudad condal, cuando la Greuges de Barcelona (organismo que se define como defensor de las personas) criticó las ordenaciones «contradictorias» que autorizan la exposición de frutas y flores y obligan a las terrazas, por su parte, a dejar un espacio entre fachadas y mesas. H
