El conflicto del convenio colectivo de la construcción en la provincia de Cáceres se resolverá finalmente en los tribunales. Los sindicatos CC.OO y UGT han decidido, tras las protestas llevadas a cabo en el mes de junio para pedir que se aplicase las subidas salariales pactadas en el sector, llevar el asunto ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Además también denunciarán el convenio de la madera "por incumplimiento".
El secretario general de la Federación de la Construcción de CC.OO, Jacinto Mellado, ha manifestado que este es un paso más de la hoja de ruta marcada por los dos sindicatos con representación en el sector, para que la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fecons), "cumpla el convenio firmado", que establece aplicar una subida salarial de acuerdo a la previsión de IPC, más un 1,5%. Según los sindicatos esta previsión del IPC hecha por el Gobierno central es de un 2%, por lo que solicitan el incremento de sueldo del 3,5%.
No obstante, el trámite judicial comenzó en el mes de julio, cuando ambos sindicatos presentaron una demanda en el Juzgado de lo Social de Cáceres, pero este la echó para atrás por ser un asunto de competencia provincial y haber otro juzgado en Plasencia. Así se presentará en el TSJEx, al ser el órgano competente.
El representante de la construcción de UGT, Miguel Angel Rubio, afirma que desde que comenzó el año, cada trabajador está dejando de cobrar al mes una media de 41 euros, con un importe total, dado que hay en torno a 17.000 trabajadores en la provincia, de 697.000 euros mensuales. Además, añade, que a esto hay que sumarle los gastos de la Seguridad Social que calcula en otros 300.000 euros.
Los sindicatos, además, advierten que de haber una sentencia favorable a ellos, los empresarios tendrán que pagar los retrasos de todo el año, también a los que ya no están trabajando. Para este fin se iniciará, en ese caso, demandas individualizadas, "entonces muchos pedirán responsabilidades", asevera Rubio.
El convenio de la construcción se adoptó por cinco años hasta el 2011 y la presidenta de Fecons, Pilar Acosta, señala que las condiciones en las que se firmó no son las mismas que las de ahora "en plena crisis y con deflación". Además, asegura que el Gobierno "no ha publicado" ninguna previsión de IPC para este año, por lo que es "desproporcionado" pedir una subida del 3,5%. No obstante, Acosta dice que acatarán la resolución judicial pero que la subida "no beneficia al sector de la construcción", que en lo que va de año ha perdido 532 empleos en Cáceres.
