Las autoescuelas cacereñas atraviesan otro bache que ya amenaza con pinchar las ruedas del sector y frenar su marcha. Afirman que su situación es «caótica» y que les está llevando «·al borde de la ruina», por lo que demandan «soluciones urgentes». Durante los últimos años, el número de examinadores se ha reducido a la mitad, de 12 a 6, generando un recorte notable en las pruebas debido a las jubilaciones no cubiertas. Y para más inri, éstos iniciaron en 2017 una larga secuencia de huelgas que hizo estragos en las autoescuelas, al no poder ofrecer un calendario normalizado de exámenes. Actualmente se viven las consecuencias de todo ello. «El ‘tapón’ originado por la huelga añadido a la falta de examinadores, provoca que este año tardemos más de un mes en examinar a los alumnos del práctico», denuncia Francisco García, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas.
Y lo peor quizás esté por llegar, puesto que «es posible» que el próximo verano «algunos centros no puedan examinar a sus alumnos». Es decir, que en los meses más importantes para el sector (julio y agosto), cuando las autoescuelas concentran su mayor actividad (el 75% del volumen de trabajo de todo el año), dado el número de estudiantes que aprovechan las vacaciones y otras circunstancias, algunos de los cinco centros de examen de la provincia cacereña --Navalmoral, Coria, Trujillo, Plasencia y Cáceres-- podrían quedarse sin fechas. «Y si la situación sigue así, no llegaremos ni a 11 exámenes en todo 2018», lamenta el responsable de las autoescuelas cacereñas. Sorprende que hace pocos años hubiera casi una prueba semanal.
«Tal y como dijimos durante la huelga, este sector, formado por un centenar de negocios y más de 300 trabajadores, necesita soluciones urgentes ¡ya!, no a largo plazo, porque las circunstancias que vivimos son caóticas», reclama Francisco García. Y son caóticas tanto para las empresas como para los alumnos, y también para la propia seguridad vial. «Respecto a las autoescuelas, porque la situación nos está llevando al borde la ruina. Al no tener exámenes suficientes, no damos clases a los alumnos y los gastos se acumulan: Seguridad Social, impuestos, sueldos, alquileres, coches, etcétera... No podemos planificar la enseñanza. Los alumnos piden las clases los días previos al examen, con los problemas que ello conlleva», relata el presidente.
Pero además, los mismos alumnos salen perjudicados: «la falta de pruebas les impide obtener un permiso que en ocasiones necesitan para trabajar, por ejemplo el permiso de camión o autobús. Tampoco pueden empezar las clases prácticas porque no saben cuándo será el examen, no pueden hacer un cálculo, les cuesta más económicamente...», detalla Francisco García.
Esta situación resulta incluso negativa para la seguridad vial. «Al no poder planificar la enseñanza, los alumnos dan las clases en los últimos días previos al examen y eso provoca que no siempre les dediquen el tiempo oportuno», advierte el presidente.
La solución no es fácil. No se trata de esperar a que el ‘tapón’ de la huelga se disuelva, porque la falta de examinadores en Cáceres seguirá dilatando los exámenes en los próximos años. De hecho, antes de la huelga, el malestar del sector ya era público y evidente. «La lentitud para poder cubrir las plazas de examinadores insta a plantearse en serio la posibilidad de los exámenes mixtos, es decir que exista un sistema público y privado. En otros países conviven estos modelos», afirma el representante del sector, quien aclara que desde las autoescuelas no se pide la privacidad de los exámenes, como ha podido malinterpretarse en alguna ocasión, sino una solución «estable» que no obligue a estos negocios a someterse al cuello de botella que supone el procedimiento actual de los exámenes:
Por tanto, el sector demanda en primer lugar más examinadores de la DGT, pero si no fuera posible, propone «habilitar a agentes de policía, militares, guardias civiles en reserva, etcétera, para que desempeñen esta función pública». De hecho, la DGT acaba de anunciar que incorporará este mes a militares como examinadores, tras haber formado a personal de tropa y marinería de más de 45 años. Los primeros se sumarán en pocos días, elevando el número de examinadores de 796 a unos 820. Se trata de una de las medidas del Gobierno para normalizar las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
En tercer lugar, si lo anterior no solventara el problema, las autoescuelas plantean «un sistema mixto, como el que ofrece Portugal: la opción pública, que es más lenta, o la privada, más rápida pero más costosa», explican.
Ya en cuarto lugar, «si el Gobierno no quiere o no puede poner soluciones a un conflicto que las autoescuelas llevamos arrastrando desde hace muchos años, le pedimos que deje este cometido en manos privadas. ¿Hay hospitales privados? ¿Hay ITV privadas? ¿Hay universidades privadas?...», se pregunta el presidente. «Si existe todo esto y funcionan bien, ¿debemos pensar que los exámenes de conducción no van a funcionar? Los exámenes, porque la seguridad vial por supuesto seguiría en manos de la Administración», aclara Francisco García.
Las autoescuelas aseguran estar cansadas de sufrir directamente las consecuencias de situaciones de las que no tienen ninguna culpa. La huelga de examinadores, que entre unos paros y otros se dilató intermitentemente durante seis meses en 2017 (junio-diciembre), dejó a 1.075 alumnos sin examinar en Extremadura y provocó una pérdida diaria global de 12.000 euros en la facturación de las autoescuelas de la región, lo que supone un déficit acumulado de 1,3 millones de euros, según los datos ofrecidos por la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster), el pasado diciembre. Este colectivo pide a la DGT que solucione el déficit de examinadores que existe en Extremadura. Por provincias, en Badajoz descendió un 5,7% el número de exámenes durante la huelga, mientras que en Cáceres la bajada fue del 18,23%.
Más lentitud / Y es que la situación se agrava más en Cáceres por la considerable distancia de la capital al resto de los centros de exámenes (Navalmoral, Coria, Trujillo y Plasencia). Todos los examinadores deben desplazarse desde la ciudad, de modo que les queda menos tiempo para poder evaluar a los alumnos.
De momento, las autoescuelas han mantenido una reunión con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, quien se ha comprometido a «hacer todo lo que esté en su mano», según explica el presidente del sector. Las autoescuelas lo necesitan. «No podemos programar la enseñanza porque los alumnos no saben cuándo se examinan y no dan clases. Mientras, nosotros debemos cumplir regularmente con los seguros, los impuestos y otras obligaciones», concluye el presidente.
