La polémica surgió a raíz de la colocación de una cámara de control de tráfico y vivió un nuevo episodio el pasado 22 de julio, cuando la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, anunció en sesión plenaria la posibilidad de que los residentes en la calle Margallo obtuvieran permisos de acceso. Cuando ya han transcurrido dos semanas desde aquella comparecencia, tan sólo han sido 23 los vecinos que lo han solicitado, según indicaron fuentes municipales a este periódico, si bien la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro, Rosser Gruart, afirma que el problema "se ha solucionado para los residentes".
Se pueden entregar hasta cuatro permisos por familia, los turistas pueden acceder a ellos con una llamada a la policía desde el establecimiento hotelero en el que se alojen y, si no pernoctan, basta con comunicarlo a la jefatura para que no se les multe. Sin embargo, la medida no ha convencido a los comercios de la zona, que no pueden obtener la licencia si no se encuentran empadronados en dicha vía, y que opinan, además, que no es solución para el problema ocasionado con la cámara (menos tránsito de gente y, por tanto, menor densidad de clientela). Lo reconoce la propia Gruart, quien lamenta que comercios como la imprenta o la zapatería "han trabajado mucho para conseguir mover 20 metros la cámara hacia abajo" y entiende que la decisión adoptada no les satisfaga.
"No me dieron el permiso por no vivir aquí. Es un fastidio tener que descargar la mercancía por abajo de la calle", lamenta Luis Fernández, de la multitienda Pumuki. En la misma línea se expresan los demás comercios de la zona. "Margallo está muerta. Es una calle fantasma", describe Angel González, dueño de un bar. "No habría ningún problema si se desplazara la cámara sólo 20 metros", argumentan todos. El nuevo capítulo se vivirá en septiembre con una reunión entre vecinos y ayuntamiento "donde intentaremos acabar con el problema y encontrarle una solución", según promete Gruart.
