Iba a ser el segundo macrojuicio por drogas celebrado en la Audiencia en apenas un mes, pero fue una vista más. De los 13 imputados que se iban a sentar en el banquillo de los acusados, solo uno, Abel C. A., fue finalmente juzgado. Fue así porque, al inicio de la vista, los otros 12 alcanzaron acuerdos con el Ministerio Fiscal sobre las penas a imponer.

Inicialmente se enfrentaban a entre año y medio y 11 años de prisión, y las impuestas oscilan entre uno y 6 años; y, además, para tres de los seis acusados que se encontraban en prisión preventiva desde su detención, hace casi un año, se decretó ayer mismo su puesta en libertad. Fue el caso de Angel S., Vicente G. y Goni K. Siguen en prisión, Félix S., Antonio C. y Abel C.

Fue este último el que prefirió ser juzgado y que sea el tribunal el que resuelva qué condena merece --la Fiscalía solicita para él 7 años y medio de prisión y 55.000 euros de multa-- por los hechos que se le imputan, tráfico de drogas y tenencia de armas prohibidas.

Durante algo más de una hora en la Sala, a puerta cerrada, los abogados defensores y la fiscal encargada del caso cerraron las conformidades de penas respecto a los otros 12 imputados, y eran aproximadamente las 11.30 horas cuando se iniciaba el juicio contra Abel C. Se abría con la intervención de su letrado, que durante más de 20 minutos intentó lograr, con diferentes argumentos, la nulidad de las escuchas telefónicas y, en consecuencia, la de la entrada y registro de su domicilio, con lo que no se habrían podido aceptar como prueba los 10 kilos de hachís que la policía le intervino. Pero el tribunal desestimo esta petición argumentando, como ya antes había hecho la fiscal, y entre otros hechos, que en este caso "se cumplen sobradamente todas las cuestiones que el Supremo y el Constitucional vienen exigiendo para la validez de las intervenciones telefónicas".

En el posterior interrogatorio al que le sometió la fiscal --tenso en muchos momentos, hasta el punto de que la presidenta de la Sala tuvo que llamar la atención al acusado y que este, tras media hora de declaración, se negó a responder a más preguntas de la fiscal-- Abel C. aseguró que él "jamás" había vendido droga, y que si en esta ocasión "acepté vender chocolate --en referencia a los 10 kilos de hachís que le encontraron en su casa-- fue porque estaba atravesando una situación económica muy difícil".

Y negó que su relación con otros dos de los acusados (Angel S. V. y Antonio C. M.) tuviera que ver con la venta de sustancias estupefacientes, "pues el único negocio que tuve con ellos fue el tratar de llegar a un acuerdo para que se quedarán con la ropa que tenía en la tienda de motos que tuve que cerrar".