Las alegaciones presentadas contra la revisión de las ordenanzas del agua y alcantarillado no introducirán grandes modificaciones en la subida de las tasas aprobada provisionalmente en septiembre, según observaciones de los informes técnicos que las analizan. No obstante, la última palabra la tendrá la comisión de Economía del ayuntamiento, que se reúne esta mañana, y en especial el criterio que imponga el grupo municipal popular, que es el que tiene la mayoría en este órgano informativo del ayuntamiento.

El PP, ahora en el gobierno, sufrirá el desgaste de una medida impopular como es la subida del agua, además en unos porcentajes elevados, eso pese a que durante la anterior legislatura, entonces estaba en la oposición, se opuso a vincular la subida de las dos tasas al canon del agua.

Este canon, una contribución que Acciona dará al ayuntamiento en unos días, es uno de los elementos que inciden en la subida, dado que el canon hay que devolverlo a Acciona en 24 años y se hace con cargo a las tasas.

Por contra, el actual gobierno es el que va a gestionarlo, lo que permitirá pagar parte de la deuda del ayuntamiento. Este canon asciende a 37,7 millones en dos plazos (el primero de 30,2 se cobra ahora y el segundo de 7,5 en 2012, Acciona tiene un año).

Casi 20,5 de los 37,7 irán a cancelar créditos con entidades bancarias, operaciones concertadas en 2009 por importe de 30 millones para atender deuda anterior al 2008, en su mayoría de operaciones al margen del presupuesto, y justiprecios de expropiaciones de terrenos que se iniciaron tras operaciones especulativas de compra de suelo.

IMPORTE DE LA DEUDA El resto del dinero del canon, algo más de 17 millones, puede ir a pagar a acreedores. El gobierno detalló en junio que había una deuda de 32 millones en obligaciones reconocidas y pendientes de pagar, en esta cifra no estaban los débitos con entidades de crédito.

De este importe se pagarán 3,3 millones con el crédito con La Caixa, firmado la semana pasada. Si los 17 millones del canon van a atender esta deuda, el débito que se reconocía en junio quedaría en unos 12 millones.

El problema para el gobierno es que esta no es la única deuda con acreedores, dado que hay sentencias por el justiprecio de expropiaciones que, aunque aún no sean firmes, superan los 6 millones, al menos es el montante de los procesos en el Supremo, y además hay revisiones de precios de contratos con empresas concesionarias de servicios que están sin reconocer (en junio se cifraban en 2,6 millones solo por el agua sin incluir bus y basura).

Para cobrar el canon, el ayuntamiento tendrá que aprobar la subida del agua, ya que es una garantía de que el consistorio podrá atender sus compromisos con Acciona, empresa que empezará a gestionar el servicio de suministro (agua) y depuración (alcantarillado) el 1 de enero. Hasta esa fecha hay un periodo transitorio para que Canal de Isabel II traspase la gestión.

Para que la subida del agua entre en vigor queda que se resuelvan las alegaciones, que se dictaminan esta mañana, que el acuerdo de la comisión se apruebe en el pleno de la corporación, que podría convocarse a finales de esta semana, y que se publique en el boletín de la provincia (BOP). La subida podría estar en vigor el 1 de enero si el anuncio se publica la próxima semana.

GRANDES CAMBIOS Este plazo no se podrá cumplir si se aceptan cambios propuestos en las alegaciones que afectan a los importes de la subida aprobados en septiembre. Si se admitiesen, se tendría que hacer una nueva tarifa con ingresos suficientes para atender los costes del servicio, salvo que se aceptase que iba a tener un déficit que se atendería por medios ajenos a la tasa.

El objetivo de la tasa es que con lo que paguen los usuarios se pueda mantener el servicio. La tarifa aprobada provisionalmente en septiembre calculaba que con los nuevos precios se obtendría un ingreso anual de 9.195.026 euros, con el que se atendía el coste de 9.196.226 del abastecimiento (con la tasa de alcantarillado --3.103.217 euros de previsión de ingreso con la subida-- se pagará la depuración --un coste de 3.109.882--). Si se modifica alguna de las variables, habrá que revisar la tarifa para que cuadren los ingresos y los costes.

DOS RECLAMACIONES Dos de las reclamaciones que más se repiten en las alegaciones son que se bonifique a grupos sociales (desempleados, pensionistas, familias numerosas...) y la revisión del coeficiente disuasorio.

Este coeficiente grava el consumo en los gastos superiores a 20.000 litros al bimestre, en los que se paga más por la tasa del agua, y lo bonifica para que paguen menos aquellos que gasten por debajo de 5.000 litros.

En algunas de las alegaciones se pide que se amplíen los tramos más bajos para que la bonificación alcance a más usuarios. En otras se reclama que se rebajen tramos altos para que grandes consumidores, como los hoteles, noten menos la subida.

En los informes técnicos que dan respuesta a estas alegaciones se recuerda que si se aceptan hay que recalcular la tarifa.

En relación a esta revisión de los tramos de los coeficientes, se recuerda que el fin de las dos tasas es asumir los costes del servicio y que la subida aprobada en septiembre se elaboró teniendo en cuenta que con los ingresos que se obtendrían en cada tramo se asumirían todos los costes.

Por tanto se concluye que cualquier modificación a la baja rompería el equilibrio ingresos-costes y obligaría a modificar al alza otros elementos de la tasa. Si se bonifican o rebajan los tramos más bajos o medios de consumo, se tienen que subir los altos. Por contra, si los altos pagan menos, la subida sería mayor en los tramos medios y bajos.

En cuanto a las bonificaciones para colectivos, los informes recuerdan que el importe de la tasa que paga el usuario está establecido por los costes del servicio que se presta y que, a diferencia de los impuestos, no está determinado en relación a los medios económicos del contribuyente.

Además se apuntan las dificultades que implica una tasa distinta en base al colectivo al que se aplica, ya que obliga a una actualización constante y esto es inviable con los medios del ayuntamiento, según las consideraciones de los informes.