Una decena de colectivos, grupos e instituciones han presentado alegaciones a la subida del agua. El plazo acabó el pasado jueves. Ahora habrá que analizarlas, justificar si se pueden o no aceptar y finalmente dictaminarlas en el órgano informativo, la comisión local de Economía, y aprobarlas en el pleno de la corporación municipal.
Es un nuevo charco del concurso para adjudicar el agua que se puede cruzar en unos días, si se desestiman aduciendo la inviabilidad de las peticiones porque son incompatibles con el pago del servicio de abastecimiento y depuración que se presta al ciudadano, o unas semanas, ya que la aceptación de cualquiera de las peticiones obligaría a recalcular la tarifa para que con la recaudación prevista de la tasa se pague el servicio.
Hay una tercera vía para el gobierno: contentar a todos, aceptar parte de las alegaciones y resignarse a que con la tasa no se cubre todo el servicio y a que habrá que buscar otros recursos para equilibrar las cuentas. El problema será de dónde sacar esos ingresos. Al gobierno municipal le corre prisa encontrar una solución. La nueva tarifa debe estar en vigor para que Acciona empiece a gestionar el servicio y pague el canon de 30 millones.
Es la misma urgencia que tiene para que el juez de lo Contencioso número 1 levante la suspensión que pesa sobre la adjudicación a Acciona y poder firmar el contrato con la empresa, el otro proceso que hay que despejar para tener el canon.
"CARAMBOLA DIABÓLICA"
La última palabra sobre las alegaciones la tendrá el gobierno del PP, que decide sobre una subida que tiene en el canon a su factor más determinante, ya que la aportación que ahora hace Acciona se le tiene que devolver a la empresa en 24 años y la opción más viable es hacerlo con cargo a la tasa. "Es una carambola diabólica", según el portavoz del PP, Valentín Pacheco, partido que en la anterior legislatura se negó a vincular el canon con la tasa, pese a que una parte importante de los 30 millones ya se han gastado en pagar deuda de gobiernos populares, y que ahora es el que debe aplicar la subida.
"En la oposición lo intentamos -desvincular canon y tasa-- hasta el desistimiento. No criticamos que se diese una solución a la deuda, pero sí dijimos que esa no era la solución", afirmó Pacheco en el pleno en el que se debatió la subida. En las primeras reuniones con vecinos y usuarios, Pacheco mostró la disposición del gobierno a revisar la ordenanza y hacer cambios vía alegaciones. El problema es que las peticiones de los vecinos y la de los industriales son incompatibles. Aceptar la petición de los primeros significa subir aún más el agua a los segundos, y lo mismo pasa al contrario, salvo que se recurra a la tercera vía.
"Nuestra factura se disparará, esta subida se podría hacer escalonada, en varios años, y no solo de una vez", aseguró Jesús Bravo, que cuando presentaron la alegación actuó como portavoz de los catorce hoteles, incluido el parador, que están en contra de como se quiere aplicar la subida por ser uno de los colectivos más afectados, dado los grandes consumos de agua que se hacen en los hoteles. "Lo que no podemos hacer es poner un contador en la habitación de cada cliente, ni tampoco penalizarles, trasladándoles esta subida, sobre todo como están ahora las cosas a causa de la crisis", añadió Bravo.
La inquietud de los hoteleros también la tienen los hosteleros. "La subida que aprobó inicialmente el ayuntamiento preocupa al sector, en el que se produce un elevado consumo de agua", indicó el presidente de la asociación de empresarios de hostelería, César Martín Clemente, otro de los colectivos que, según confirmó ayer su representante, presentó alegaciones.
GRANDES CONSUMIDORES
La subida en los grandes consumidores de agua, entre los que están los usos industriales y empresariales, tiene una repercusión mayor a causa de los coeficientes disuasorios, variables que se introdujeron hace quince años en la tarifa para que el agua tenga un precio diferente en cada tramo de consumo, de tal forma que cuanto mayor sea el gasto, mayor será el precio que se pague.
Un empresario con grandes consumos llega a los tramos más altos, en los que el agua se paga un 40, 70 u 80% por encima de lo que le cuesta a una familia con un consumo medio en su domicilio. Por eso el coeficiente disuasorio es uno de los caballos de batalla de los industriales, que piden que para aplicarles esos porcentajes de incremento se necesite un consumo mayor.
ALEGACIÓN CONJUNTA
El coeficiente es también uno de los motivos de reclamación de vecinos y asociaciones de usuarios, pero justo por lo contrario. "Es un contrasentido que el primer tramo del coeficiente -en el que el agua se bonifica y se paga menos por ella-- llegue solo a los 5.000 litros al bimestre, cuando en otros sitios Acciona -la nueva empresa gestora- y Canal de Isabel II -la actual- lo sitúan muy por encima", aseguró Rosa González, técnico de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Extremadura (Acuex), que ha trabajado en la alegación conjunta presentada por Acuex, la federación de asociaciones de vecinos y amas de casa, en la que se pide que ese primer tramo bonificado llegue hasta los 20.000 litros.
"Cualquier familia, con tres o cuatro miembros, ya supera con creces los 5.000 litros, por eso entendemos que se puede hacer un esfuerzo" ampliando ese primer tramo, precisó David Barcenilla, presidente de la federación de asociaciones de vecinos, en la primera de las reuniones que se mantuvo con el gobierno. Detrás de esta propuesta está el interés de introducir en la tarifa un matiz social que ahora no tiene.
La nueva tarifa aprobada inicialmente, no será definitiva hasta que se resuelvan las alegaciones, se ha elaborado partiendo de la actualmente en vigor, en la que prevalece el criterio de consumo frente al de renta. El que más gasta, más paga, con independencia del número de miembros en una familia o de sus circunstancias económicas.
FACTOR SOCIAL
En las alegaciones que han presentado los dos grupos de la oposición política, el Partido Socialista e Izquierda Unida, se introduce la renta y el número de hijos como dos condicionantes de la tasa. El PSOE propone bonificaciones de hasta un 50% en el pago del agua en base a la renta familiar, mientras que IU plantea descuentos de hasta el mismo porcentaje para las familias numerosas, además de que los pensionistas con pensiones no contributivas solo paguen el 10%.
Contentar a todos, además de a las corporaciones locales de Malpartida de Cáceres y de Sierra de Fuentes, será muy difícil, ya que el coste que tiene el servicio para el ayuntamiento se incrementa sustancialmente con la nueva contrata, a lo que se suma que escasean los recursos para pagar por otros medios que no sea la tasa, salvo que como hasta ahora se acumule deuda con la empresa que tiene la concesión del servicio. Las alegaciones y la subida, por su repercusión, mas que un charco, es ya un pantano.
CONSEJO ECONÓMICO
Además de las alegaciones de colectivos e instituciones, está el informe presentado por el Consejo Económico y Social --de cuyo contenido informó este diario el martes--, que plantea varios recortes en la subida propuesta y también que se bonifique a familias y en función de la renta.
