El Tribunal Supremo avala el cese de la exinterventora de diputación por pérdida de confianza por parte del equipo de gobierno (PSOE). Se llevó a cabo en mayo del 2017. El Alto Tribunal desestima el recurso que presentó la trabajadora y confirma así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que daba la razón a la institución.

Este último hacía referencia al Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge que «los titulares de los puestos de trabajo provistos por el sistema de libre designación con convocatoria pública (como es el caso) podrán ser cesados discrecionalmente». Y hace referencia a un informe pericial que presentó la exinterventora que concluye que actuó «conforme a criterios de legalidad, emitiendo informes perfectamente documentados y fundamentados poseyendo, a su juicio, capacidad contrastada para el desarrollo de las funciones inherentes a su puesto de trabajo».

El juzgado no comparte este documento y alega que el hecho de que entre 2012 y 2016 formulara «662 reparos», que después fueron levantados, «constituye razón para la pérdida de confianza». El fallo cita además que en el acto de juicio se pusieron de manifiesto las discrepancias entre esta trabajadora y los diferentes órganos de la diputación «que influyen en el normal desarrollo de la administración provincial y que justifican la pérdida de confianza profesional». La exinterventora fue cesada de su puesto y recolocada en el de jefatura de servicio de asistencia económica y financiera.

«Con esto -manifestó ayer el portavoz de la institución provincial Álvaro Sánchez Cotrina- se nos da la razón, rechazando las críticas que en su día se hicieron desde la oposición hablando de caza de brujas, y queda claro que lo único que se pretende es poder trabajar de forma ágil, segura y con todas las garantías que nos da la legalidad, pudiendo así hacer la política que la ciudadanía necesita, que debe pasar por un desarrollo de la provincia y una gestión eficaz de las administraciones».

El portavoz del equipo de gobierno añadió que la resolución pone de manifiesto «inseguridad, cambios de criterio y constantes observaciones en la actuación de la Intervención que afecta a otros servicios administrativos, provocando disfunciones en el funcionamiento de la diputación».