El Supremo cifra en 3,7 millones el coste de una expropiación a pagar por el ayuntamiento

"Por razones de congruencia con la resolución del Jurado Autonómico de Valoraciones de Extremadura se mantiene el justiprecio determinado por la misma en 3.755.887 euros", según se concluye en la sentencia del Tribunal Supremo, que es del 23 de julio y que impone el pago de las costas del proceso al consistorio "por no haber lugar al recurso de casación" que el ayuntamiento presentó en 2010 contra el fallo del TSJ, recurso que se desestima ahora por el Supremo.

En la sentencia del Supremo también se afirma que el Tribunal Superior "no incurrió en ninguna contradicción" cuando decidió el aprovechamiento aplicable al terreno, que es el principal motivo que explica la razón de un justiprecio de 3,7 millones para 3.032 metros cuadrados.

TODO EL TERRENO Esta parcela es parte de las 8 hectáreas que en el plan general de urbanismo que se aprobó hace tres décadas quedaron como un suelo urbano destinado para uso público (reservado para una futura ampliación del parque del Príncipe).

Este terreno no se adscribió entonces a ninguna zona de futuro desarrollo de la ciudad con aprovechamiento lucrativo, por tanto la única manera que tenía el ayuntamiento de conseguirlo era con la expropiación. Los primeros años no se tramitó ningún expediente y se desaprovechó el plan de 1999 para cambiar la fórmula de consecución del suelo. A partir de ese momento se tramitó el primer proceso de expropiación de suelo en esta zona. La Ley de Régimen del Suelo y de Valoraciones de 1998 establecía que el precio del suelo sería el resultado de la media del aprovechamiento para edificar en el polígono fiscal en el que estuviera el suelo a expropiar.

Por el polígono donde está este terreno, donde predominan las unifamiliares, con un aprovechamiento edificatorio menor, el consistorio estableció para ese primer proceso un valor de aprovechamiento de 0,67 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de superficie.

Promeimsa, la empresa que promovía este proceso, no estuvo conforme y se decidió acudir a un arbitraje, a un laudo que se encargó a la Gerencia de Urbanismo de Madrid, que estableció un aprovechamiento de 1,317 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de superficie, un laudo que aceptó el ayuntamiento, que sentó un precedente para esta zona y que es la razón, junto al boom inmobiliario y al incremento del valor del suelo que se produjo en la pasada década, de que las expropiaciones de los terrenos reservados para la ampliación del parque del Príncipe se disparasen.

En la sentencia del Tribunal Superior de julio del año 2010 se admitió el precio que el ayuntamiento dio a cada metro cuadrado (892,82 euros) de los 3.020 de la parcela, pero, a diferencia del criterio del ayuntamiento, el TSJ aplicó el aprovechamiento que el consistorio había aceptado unos años antes en el primer proceso de expropiación en la zona y en el laudo.

El resultado fue que 892,82 euros multiplicado por 3.993 metros cuadrados de aprovechamiento (la superficie de 3.020 metros cuadrados por 1,317) dio un justiprecio de 3.565.030 euros, que con el 5% de afección suma los 3.743.281 euros de la sentencia del TSJ del 2010, que ahora el Tribunal Supremo incrementa en 12.606 euros más.

Este proceso no es un caso aislado. Es el tercero en la misma zona y queda un cuarto, por el que el ayuntamiento tendrá que pagar otros 3 millones de euros, justiprecio fijado por el TSJ en una sentencia del 28 de febrero del 2013 y que no se recurrió al Supremo.

LOS DOS PRIMEROS En los dos primeros procesos el ayuntamiento ya ha pagado por el terreno (14,9 millones en el primero --coste de los terrenos que se permutaron para viviendas en el Rodeo, el Perú y junto a la estación-- y 6,4 en el segundo tras sentencias del Supremo y el TSJ). En ambos los dueños del terreno no eran los propietarios del suelo a los que hace tres décadas se les reclasificó un terreno en el que se podía edificar y que quedó como zona verde, sino empresas que lo compraron después. Los dos procesos que quedan los promueven los que eran propietarios hace 30 años o herederos.

El ayuntamiento tiene reconocida la deuda por la expropiación de los 3.020 metros cuadrados de la sentencia del Supremo. Al cierre del ejercicio del 2012 se reconocía un débito por este terreno de 3.743.281 euros, que es el importe que se fijó por el TSJ.

Esta deuda está reconocida, aunque no aplicada a los presupuestos del ayuntamiento. Es la expropiación de mayor importe de las que todavía quedan por pagarse. En la misma situación (deuda reconocida sin aplicar al presupuesto y que no se ha pagado) había otros expedientes al cierre del 2012 por 6.680.787 euros, que junto a los 3.743.281 de la parcela de 3.020 metros dan 10.424.068 euros.

Esta es parte de la deuda que quedaría por expropiaciones, debido a que al menos hay otras dos operaciones que suman otros 3 millones, por lo que la deuda total rondaría los 15 millones de euros. No obstante, el plan de urbanismo de 2010 frenó los procesos de expropiaciones al adscribir los terrenos a conseguir a sectores residenciales. Lo que queda pendiente se inició antes de la aprobación del plan del 2010.

Las dos operaciones de más importe que quedan por abonar de planes anteriores son las dos de la ampliación del parque de Príncipe (6,7 millones), además hay otras dos en la Ribera (2,5 millones) que cuentan con sentencias del Supremo dictada el último año.