Indignación es la palabra que más se repetía ayer en las facultades de Veterinaria y Politécnica. En ambos centros había dado comienzo sobre las 10.30 horas el examen para opositar a 20 plazas de enfermería de la Junta de Extremadura. Una prueba que los aspirantes llevaban tres años esperando, desde que se convocara en diciembre del 2013. Quizá tan larga espera fue la causa de que se presentara casi una tercera parte de los que rellenaron la instancia, 955 de los 2.879 inscritos. Pero para nada sirvió porque se suspendió.

¿La razón? Que el examen estaba mal fotocopiado. Las copias solo se hicieron a una cara, faltando las preguntas de todas las caras pares. Del error se dieron cuenta una vez que los opositores comenzaron el examen. Había varias aulas ocupadas y, nada más percatarse los tribunales del problema, ordenaron parar la prueba. Para subsanar lo ocurrido se decidió repartir el test número 2 (la otra opción de la prueba) que sí tenía todas las preguntas, sin embargo no había fotocopias suficientes para todos los oposiores. «Mientras buscaban los exámenes completos ya hubo irregularidades porque la gente salía y entraba del aula, cosa que normalmente no se puede hacer», se queja una de las opositoras afectadas por la situación.

Lo más indignante, según indican los aspirantes, es que «nadie» les dio una explicación de lo ocurrido. Desconocen cómo se procederá a partir de ahora ni cuándo volverá a convocarse el examen. «Delante de mí había una chica que había tenido que coger dos vuelos desde Las Palmas y otro que había pedido en su trabajo quince días de suspensión de empleo y sueldo para repasar para este examen. Esto es una locura», decía esta afectada. «Estaba mal preparado desde el principio porque tampoco tenían justificantessuficientes para todos y eso que se ha presentado poca gente», espetó otro de los opositores.

Desde la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura aseguran que la suspensión de la prueba es «una medida cautelar adoptada ante un error humano, que sólo se podía conocer con la apertura de las cajas donde se encontraban los exámenes, ya que el fotocopiado se realiza por el tribunal con todas las medidas de confidencialidad establecidas». Y añaden que ya «se trabaja para fijar una nueva fecha para los exámenes».

Por su parte la portavoz de Administración Pública del PP, Eva Pérez, acusa a la secretaria general de Función Pública, Ascensión Murillo (PSOE), de «dejación de funciones». «Con todo el respeto que se merecen los problemas internos del PSOE no es admisible que, por estar centrada en ellos, perjudique a personas que se juegan un puesto de trabajo para el que llevan estudiando muchos años», dijo. Y añadió que «las personas que participaban se habían desplazado desde toda Extremadura y España a costa de su propio bolsillo y ahora no saben cuándo tendrán una respuesta. No es el primer error garrafal que Murillo comete en materia de oposiciones», advirtió, haciendo referencia al «gran aluvión de impugnaciones que se han producido en las pruebas de ATE cuidador, a cuyos afectados se han negado a recibir en reiteradas ocasiones en la consejería».

MÁS CRÍTICAS / Podemos Extremadura también lamentó lo ocurrido e insistió en la necesidad «de implementar las medidas recogidas en la Propuesta de Impulso aprobada el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, que pretenden mejorar los procesos de selección y lograr que no haya atisbo de duda en los mismos. «Son muy necesarias a la vista de los hechos», explicó Irene de Miguel. Para el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, «es fundamental crear una comisión de control y auditorías, así como que las presidencias de los tribunales sean sorteadas».

Por su parte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama formación para el personal implicado en los procesos selectivos, para evitar la suspensión de los exámenes. La organización cree que la situación vivida ayer «vuelve, una vez más, a quebrar la confianza de los opositores en el sistema, ya que lo que parece una falta de previsión por parte de los responsables de la Junta de Extremadura podría haberse evitado con la simple comprobación de los cuadernillos cuando se elaboraron». H