La negativa del alcalde de Valdefuentes, Alvaro Arias, a permitir que un ciudadano grabara la sesión plenaria del pasado 30 de diciembre en la que se debatía su liberación ha terminado en una denuncia ante la Guardia Civil que previsiblemente acabará en los tribunales. Es un episodio más a la tensión política que se vive en el ayuntamiento de la localidad cacereña y que va in crescendo . Ayer, el alcalde utilizó su muro de facebook para dar a conocer la denuncia interpuesta contra él por Ambrosio Guillén Muriel. En declaraciones a este diario, Arias no dudó en admitir que este asunto está politizado y recordó que Guillén iba de número 6 en la candidatura socialista. El alcalde, para defender su argumentación, explicó que Guillén ha llevado como testigo en su denuncia al número 2 del PSOE, Rafael Rubio Merino, e insistió en que este vecino "no solicitó ni permiso, ni autorización" para grabar la convocatoria.
Alvaro Arias se amparó en la protección a la intimidad y seguridad de la Policía Local que se encontraba presente en el Salón de Plenos esa tarde y en la negativa de varios concejales de su grupo (el Partido Popular) a que fueran grabados. "En aras a mantener el normal desarrollo del pleno y el orden público y sin menoscabar el derecho de participación ciudadana, tal y como recoge el Tribunal Constitucional, tomé la decisión de que no se grabara dicho pleno".
El alcalde añade que está pendiente de la contestación del escrito que envió a la Agencia Española de Protección de Datos el pasado mes de noviembre, "solicitando información sobre la legalidad de estas grabaciones, quién debe grabarlas y dónde se pueden publicar". Arias señala que había declarado "voluntariamente" en el cuartel y termina aconsejando a Guillén y a Rubio --a quienes define como "estos dos iconos de la legalidad"-- "a que se miren el ombligo".
"Algo gordo"
¿Qué quiere decir con ello Arias? "Tengo algo que es gordo de un concejal --advierte-- y no lo denuncio públicamente para no contribuir a incrementar el mal ambiente", asegura el alcalde, que lamenta lo sucedido en el pleno. "Se puso con un trípode allí en medio, los concejales no querían ser grabados para que luego ellos lo cuelguen en su facebook o donde les dé la gana. Yo no quiero estar en guerras públicas en los medios, prefiero publicarlo en mi facebook porque tengo el derecho a defenderme y porque quiero contribuir a rebajar el clima de tensión, pero ellos quieren intentar torpedear y se está creando un clima que no es el más apropiado. No se grabó porque debe prevalecer el derecho a la intimidad y el derecho al orden público", zanja el edil.
No opina lo mismo el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Carlos Labrador, quien se acoge al derecho del ciudadano a que los plenos sean grabados. Labrador recuerda que el 21 de septiembre el grupo socialista solicitó por escrito al alcalde que diera conformidad a la grabación de los plenos, un escrito al que según Labrador, Alvaro Arias nunca respondió, de manera que a tenor del artículo 14 del ROF (Reglamento de Organización y Funciones de las Corporaciones Locales) transcurridos cinco días y no habiendo respondido a la petición, se sobreentiende un silencio administrativo positivo que avala que la grabación de plenos cuenta con el beneplácito del regidor municipal.
No obstante, el PSOE volvió a intentarlo en octubre. A ese escrito el alcalde respondió diciendo que había puesto la petición en conocimiento del Ministerio, "pero no hemos tenido contestación", reitera Carlos Labrador. El dirigente socialista va más allá y ampara el derecho a la grabación en una sentencia firme del Tribunal Supremo, concretamente la 3.611/2015, publicada el 27 de agosto del año pasado por la Sala de lo Contencioso del Supremo en la que respalda la legalidad del derecho de los ciudadanos, concejales y medios de comunicación a grabar los plenos sin autorización de ningún tipo "y prohíbe, por tanto, cualquier acto de censura".
Labrador conviene en que la sentencia "reafirma el derecho al acceso a la información de los ciudadanos a través del medio que sea". El secretario de Política Municipal insiste en que "el acceso a la información pública que se genera en un pleno se trata de un derecho constitucional y rechaza de plano aquellas reglamentaciones orgánicas municipales que se habían inventado algunos alcaldes para salvar los escollos legales e impedir grabaciones sin su autorización". No obstante, Labrador admite que hay sesiones que pueden ser declaradas "reservadas" de forma excepcional para impedir la grabación, aunque este no era el caso de la convocatoria del mes de diciembre, "que era un pleno ordinario en el que se debatían cuestiones básicas".
Carlos Labrador recuerda, igualmente, que Ambrosio Guillén Muriel no interpone la denuncia como político sino como ciudadano, y que su condición de militante no le impide defender como ciudadano un derecho que le otorga la ley y la Constitución "frente a una censura manifiesta". El responsable socialista añade que la denuncia de Guillén no solo viene avalada por una sentencia del Supremo sino que le ampara la Constitución e incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Para el PSOE es sano que se graben los plenos en aras de la transparencia. "Hay muchos ciudadanos que no tienen tiempo o disponibilidad para acudir a las sesiones plenarias y no pueden acceder a la información y esta es una de las maneras de hacerlo". Los socialistas insisten en que las grabaciones deben autorizarse. "Queremos recordarle al alcalde que son numerosos los escritos de petición de información diversa a los que no hemos tenido contestación de ningún tipo". ¿En qué quedará todo esto? La justicia dará su veredicto.
