"No sabemos nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la concejala --de Medio Ambiente-- ni la alcaldesa, no parece que sea muy lógico". Esta fue la primera contestación de la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, Juana García, a la pregunta sobre su valoración de la decisión del gobierno municipal de firmar con Veterinaria el convenio que hasta ahora se tenía con ellos para gestionar la perrera.

La presidenta recordó que en febrero se cumplirán doce años desde que la sociedad protectora de animales se hizo cargo de la gestión de la perrera. "Tirar por la borda ese tiempo de lucha, que no ha sido de un año, ni de cinco, sino de doce, es muy injusto", resumió García.

Agregó que el ayuntamiento aún les adeuda una parte de la subvención de este año, más de 50.000 euros, y matizó que si la perrera se mantiene es gracias "al dinero de los socios y de las donaciones que recibimos". Explicó que en la perrera municipal hay entre 80 y 85 animales y que "salvo excepciones, no se sacrifica ninguno", recordando el trabajo que se está realizando para impulsar las adopciones.

García se preguntó quién va a recoger a los animales, una tarea de la que se encarga actualmente la protectora. Preguntada sobre la posibilidad de que la protectora continúe colaborando en la gestión del centro, respondió: "Sin conocer en qué condiciones se firmará el acuerdo, nosotros no podemos hablar ahora".

La presidenta de la Sociedad Protectora de Animales comentó que han sido "muchos años de lucha, nadie sabe cómo se ha estado trabajando aquí", y añadió que la subvención que aporta el consistorio "no da para tanto".

DENUNCIA

La presidenta de la sociedad protectora concretó que la intención de denunciar el convenio no es achacable a su asociación, sino que fue la concejala de Medio Ambiente "la primera que nos dijo que --el ayuntamiento-- iba a denunciar el convenio, no parte de la protectora". Aseguró que después se mantuvo una reunión con la delegada de Medio Ambiente "para dirimir cómo encauzar esto", pero que ante la falta de noticias se decidió denunciar el convenio la semana pasada porque "llegaba el 1 de enero y no podemos ocupar unas instalaciones que no son nuestras", apuntó García.