La novena jornada del juicio por los ruidos de La Madrila se reanudó ayer con la declaración como testigo del técnico municipal encargado del área de sanciones, Javier Alonso. En realidad su cargo era exactamente el de jefe del servicio jurídico administrativo, según aclaró a la sala, y su despacho estaba situado en la jefatura de la Policía Local. Durante su declaración, que duró casi tres horas y media, aseguró que todas las resoluciones se remitían a la exalcaldesa, Carmen Heras, pero que «tadaban meses en firmarse», por lo que la mayoría llegaban a caducar (es preciso recordar que los expedientes caducaban a los seis meses de haberse incoado). Como ejemplo se le exhibió una relativa al local de copas Tacones que se devolvió firmada después de nueve meses de haber sido enviada.

Alonso detalló que él únicamente se encargaba de iniciar los expedientes y que el instructor de los mismos era el exconcejal Carlos Jurado. Su testimonio se contradice con el de la exalcaldesa Carmen Heras (declaró en la primera sesión del juicio, el 20 de septiembre), que apuntó directamente a él como responsable de que los expedientes por ruidos en La Madrila no llegaran nunca a concluirse. A ella se le mostraron algunos de ellos que nunca se llegaron a firmar, lo que justificó asegurando que no le fueron enviados.

Sin embargo ayer Javier Alonso afirmó que «todos» llegaban al despacho de alcaldía. «Una vez fui a hablar con la alcaldesa (se refiere a Carmen Heras) por un problema que hubo en un establecimiento en una fiesta de Nochevieja. Le llevé personalmente el expediente que proponía clausurar cautelarmente el local para que no volviera a ocurrir lo mismo en la víspera de Reyes. Se lo llevé para que se firmara cuanto antes. Ella me preguntó ¿crees que debo firmarlo?, le contesté que sí y me dijo déjalo aquí, tú ya has hecho tu trabajo, ya veré qué hago», explicó a modo de ejemplo de lo que ocurría con los documentos. Este en concreto tampoco se firmó. Aseguró que él lo que remitía eran borradores (con propuestas de sanción) pero que la alcaldesa tenía potestad para modificarlos. «Nunca me metía en su trabajo», añadió. Aunque aclaró que ninguno de aquellos expedientes fueron cambiados por Carmen Heras. A ella solo le llegaba un resumen de los expedientes, que era «un fiel reflejo» de los mismos. Pero, según añadió, «si la señora alcaldesa tenía alguna duda solo tenía que llamarme y pedírmelo».

Fue preguntado en concreto por si conocía la razón por la que a Latino’s no se le realizó ninguna medición de ruidos a pesar de que acumulaba denuncias. «En la vida sugerí a Carmen Heras que se hicieran mediciones en unos locales sí y en otros no», afirmó así como que «nunca» se le pidió que tuviera un trato de favor con este establecimiento hostelero.

MUCHO TRABAJO / El letrado que defiende a Carmen Heras y a Carlos Jurado intentó demostrar que los expedientes caducaban porque tardaban también mucho tiempo en llegar a la alcaldesa desde que se iniciaban. «¿Es fácil que ese periodo de seis meses (tiempo en el que caducaban los expedientes) se superara?», le preguntó. «Es muy fácil» respondió Javier Alonso. Aludió a que en el área había una gran carga de trabajo y que también podía haber errores que ralentizaban dichos documentos. De hecho en uno de los informes que se debía adjuntar a un expediente y que tardó meses en realizarse, el propio Javier Alonso puso como nota y para que constara la siguiente frase: «ole, esto es rapidez en informar».

Negó por otra parte que Carmen Heras creara una oficina del ruido, como ella misma dijo. De hecho aclaró que, además de tramitar los expedientes relativos a esta materia, Heras le encargó tramitar los relacionados con las sanciones de tráfico. También llevaba otras denuncias relacionadas con las ordenanzas municipales. El juicio se retomará hoy.