El nuevo plan de urbanismo incluye un catálogo de inmuebles y núcleos urbanos a proteger. Cada vez que el plan de urbanismo se ha expuesto para la presentación de alegaciones, ya van tres ocasiones, el Ministerio de Economía, del que depende Patrimonio del Estado, ha solicitado que el inmueble de la cárcel vieja no tenga un nivel de catalogación que sea estructural, que obliga a su conservación. El ayuntamiento no ha aceptado la alegación de Economía durante los anteriores periodos de alegaciones y ayer no fue una excepción, un acuerdo que además se tomó por unanimidad de todos los partidos. El edificio no se tira, pero la duda que ahora tiene el gobierno local es qué se hace con este edificio, una incertidumbre que tiene una base "legal y económica", precisó la alcaldesa, Carmen Heras.

El Estado y el ayuntamiento firmaron en 1992 un convenio que contemplaba el derribo de la cárcel y la ejecución de un centenar de pisos con un jardín exterior que los distanciase de la avenida de Héroes de Baler. Por parte del Ministerio del Interior se ha defendido ante el ayuntamiento el cumplimiento del acuerdo. La alcaldesa recordó que la primera cuestión a resolver será la validez del convenio.

El segundo asunto que afecta al inmueble es de dónde se obtendrán los recursos para su reforma y su transformación en dependencia cultural. De momento la cárcel vieja está protegida y su estructura se preservará (en la respuesta técnica a la alegación se plantea alguna actuación puntual, incluso con posible derribo, en pabellones interiores sin un valor edificatorio). El futuro y uso final que tenga este edificio dependerá ahora de la negociación entre el ayuntamiento e Interior.

La comisión de Urbanismo dictaminó ayer medio centenar de alegaciones al plan, entre las que no figuraba ninguno de los asuntos más controvertidos (la operación Corte Inglés, la Montaña, la Esmeralda...). La mayoría de las alegaciones se dictaminaron por unanimidad, pero no todas se votaron, ya que algunas se dejaron sobre la mesa para su posterior debate, como la alegación para incluir el edificio del colegio de las Carmelitas en el catálogo de bienes protegidos, que se dictaminará junto a la otra alegación que afecta a esta parcela. En el solar que ocupa el colegio se proyecta el almacén de El Corte Inglés.

También se aplazó el debate de la alegación presentada por Pinilla para destinar a uso residencial la parcela sin edificar que está detrás del hotel Extremadura. Otra de las propuestas cuyo dictamen se aplaza es la solicitud de que el uso de parcelas públicas, se apuntan diferentes posibilidades, algunas en zonas verdes, pase a ser deportivo para instalar un club de padel.

Por contra, sí se dictaminó que el edificio de los sindicatos siga protegido, aunque se dan más posibilidades para su reforma interior, y que no se pueda destinar a la edificación de pisos, que no se recorte el nivel de protección del chalé de los Málaga, que además es un bien de interés cultural, y que se mantenga la reserva para aparcamiento de la parcela que está entre Rodríguez de Ledesma y Virgen de Guadalupe. No se aceptó la petición de permuta del club La Colina ni que se protejan los refugios antiaéreos del ferial.