Para legalizar la situación de inmigrantes en España en el último proceso de regularización que puso en marcha el Gobierno, era fundamental tener un contrato de trabajo. En ese requisito se basa parte de las irregularidades detectadas en este caso que se investiga en Cáceres. Según las indagaciones practicadas hasta el momento, los tres implicados habrían presuntamente falsificado documentos con compulsas oficiales ilegales. También, supuestamente falsearon la firma de empleadores obteniendo de forma irregular sus DNI, sin que estos tuvieran necesariamente conocimiento de estos trámites y, por lo tanto, sin intención de contratar a ningún inmigrante.
