La Subdelegación del Gobierno en Cáceres ha tramitado hasta ayer 142 expedientes para la regularización de inmigrantes sin papeles dentro del proceso extraordinario abierto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 7 de febrero y que finalizará el 7 de mayo. Fuentes de la subdelegación confirmaron también que todas las solicitudes "están en fase de estudio" y que aún no se ha resuelto ninguna de las presentadas en la Oficina de Extranjería. Del total de solicitudes, la mayor parte corresponden a marroquíes, ecuatorianos y colombianos.
Mientras tanto, la denuncia realizada por Cáritas Diocesana, al detectar que hay intermediarios que cobran hasta 4.000 euros a los inmigrantes por facilitarles un contrato de trabajo, fue recibida ayer con cautela por el subdelegado, Fernando Solís. Este afirmó que "no le consta ninguna denuncia" del órgano de la diócesis ni tampoco de ningún particular. Sólo en el caso de que haya denuncias por fraudes, indicó el subdelegado, actuará la Inspección de Trabajo.
Por otro lado, las reacciones ante el desarrollo del proceso de regularización de inmigrantes siguieron produciéndose ayer. El presidente de la Asociación Cacereña de Extranjeros, Roberto Diokila, afirmó que el proyecto está "fracasando" por las dificultades que empresarios e inmigrantes están encontrando durante el proceso. "Todo el mundo esperaba que fuera más flexible", apuntó Diokila, quien aseguró que los empresarios "no quieren hacer contratos por todos los requisitos que les están pidiendo que cumplan".
En este sentido, la Asociación Cacereña de Extranjeros hizo hincapié en la obligación de los empresarios que quieran dar de alta a un trabajador inmigrante de presentar una previsión de ingresos anuales o su historial reciente en recursos humanos.
